Cancillería guatemalteca no ha sido informada de orden extradición de Jiménez
La cancillería de Guatemala indicó hoy que no tiene conocimiento de que exista una orden de extradición a Estados Unidos para el presidente de la federación de fútbol nacional, Bryan Jiménez, aunque sí una para proceder a una "detención provisional".En una breve declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el jueves recibió de la embajada de EE.UU. en Guatemala el escrito en contra de Jiménez, acusado por ese país de participar en actos de corrupción dentro de la FIFA.
Jiménez, reelegido en 2013 hasta el año 2017, está acusado por Estados Unidos de ser uno de los implicados en una nueva trama de corrupción dentro de la FIFA, destapada ayer por la fiscal general de ese país, Loretta Lynch.
Según la orden de captura, el directivo guatemalteco está acusado de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero.
El primer subsecretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Francisco Rivas, explicó este viernes que el ente recibió "la solicitud de extradición" a través de la cancillería, por parte del Gobierno de EE.UU, y que la medida ya está "autorizada" para proceder primero a su captura.
Sin embargo, la cancillería aseguró que "no ha recibido a la fecha ninguna solicitud de extradición", y agregó que no puede dar información pública sobre estos procesos "porque puede entorpecerlos".
Este mismo viernes también fue detenido en Estados Unidos, concretamente en Florida, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala Héctor Trujillo, también secretario general de la federación nacional de fútbol e involucrado en la red de corrupción.
Trujillo está sindicado de dispensar "justicia, mientras solicitaba sobornos y vendía su influencia dentro de la FIFA", máximo órgano de dirección del fútbol mundial.
La investigación por sobornos, que alcanzarían los 200 millones de dólares, incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados, de los que ocho ya se han declarado culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Los nuevos cargos golpean especialmente a directivos de la FIFA en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En Guatemala también está involucrado el expresidente de la federación nacional guatemalteca Rafael Salguero, que por el momento no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra y del que tampoco las autoridades han dado ninguna información.
