Diez meses y sólo se han tramitado 1.408 bajas por menstruación incapacitante ¿Qué ha pasado?

El 1 de junio de 2023 entró en vigor la medida que posibilitaba a las mujeres pedir una baja de hasta tres días por menstruación incapacitante. Esta decisión generó, tanto en la política como en la población general, un gran revuelo y debate por el impacto que esta podría tener en la sociedad. Un año después, tan sólo se han tramitado un total de 1.408 bajas por menstruación incapacitante con una duración media de tres días, según los últimos datos hasta mediados de abril facilitados por el Ministerio de Inclusión a EFE.

Las expertas señalan que el escaso número de bajas se debe al temor a la discriminación laboral y al "infradiagnóstico", teniendo en cuenta que para solicitarla las pacientes deben contar con un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, es decir, una menstruación dolorosa asociada a patologías como endometriosis, miomas, adenomiosis u otras dolencias como inflamación pélvica, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos o dificultad en la salida de sangre menstrual.

La duración se extiende mientras duren estos síntomas asociados a la menstruación y la prestación económica asociada a esta incapacidad temporal la abona la Seguridad Social desde el primer día de la baja.

Las bajas estimadas por el Ministerio de Igualdad

Según un estudio elaborado por la consultora Kantar, el 49% de las mujeres sufre reglas dolorosas, un porcentaje que en el caso de las más jóvenes asciende al 76%. Ante estas cifras, el Ministerio de Igualdad calculó en el momento de aprobarla que el derecho a una baja por menstruación incapacitante tendría un coste adicional máximo de 23,8 millones de euros al año.

A partir de las cifras de población activa y con empleo, Igualdad calculaba que unas 6 millones de mujeres trabajan en el rango de edad 16-50 años y estimaba que el 1%, alrededor de 60.000, pueden sufrir esas reglas incapacitantes.
Las cifras de bajas han estado muy por debajo de esas estimaciones.

La problemática que está detrás de esta medida

Cuando se aprobó la norma, la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ya aseguró que tal y como estaba configurada esta baja sería "otra forma de discriminación" para las mujeres, porque las empresas pueden conocer el motivo de la baja por el código que utiliza la Seguridad Social en los partes.

La pasada semana recordaba en unas jornadas sobre mujeres directivas organizada por el sindicato que hace un año se le reprochó que el sindicato "estuviera en contra de que se ampliaran los derechos", dice y, aunque está a favor de esta baja, lo cierto es que termina siendo "discriminatoria".

Antoñanzas lamentaba que se haya tardado tanto tiempo de determinar que se trata de una situación incapacitante para muchas mujeres, algo que responde a que hasta ahora sólo se ha investigado sobre las enfermedades de los hombres y "nosotras fisiológicamente somos diferentes".

De igual forma opina la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, quien reprocha la ausencia de perspectiva de género en el sistema sanitario, que se ha centrado en el estudio clínico del cuerpo masculino, y su lentitud a la hora de llevar a cabo un diagnóstico rápido.

Ese "infradiagnóstico" es lo que explica el bajo número de prestaciones por menstruación incapacitante concedidas desde su creación, ya que para que el médico de cabecera expida el parte es necesario contar con una patología previa reconocida, como la endometriosis.

Para Vidal es fundamental luchar por el reconocimiento de esta baja laboral, porque logra "hacer visible nuestras circunstancias. No tenemos que ir a trabajar con penosidad".

"Las mujeres no somos heroínas, somos personas con problemas normales, algunos estructurales como éste. (...) Y no tenemos por qué ocultarlo, sino que tenemos que luchar para que no se nos discrimine", deja claro Vidal.