Todo radica, según el diario jerezano, en el presunto alzamiento de bienes que argumenta unos letrados jerezanos tras negociar Joaquín Morales con una propiedad como aval para intentar levantar el embargo que sobre la entidad recae por parte de Seguridad Social. Dicha propiedad ha cambiado de titularidad y Morales ya no puede presentar como aval dicho inmueble con lo que el ente público pasará la patata caliente de nuevo a los consejeros jerezanos artífices del ascenso a Primera.
Por todo ello, entienden los juristas jerezanos que puede haber un presunto alzamiento de bienes y pedirán como actuaciones previas al juez la prisión preventiva.