La UE concede suspensión cautelar al Valencia, que no deberá pagar 5 de julio
El Alto Tribunal de la Unión Europea ha concedido la suspensión cautelarísima al Valencia en el proceso de las ayudas ilegales institucionales por el que se reclama al club de Mestalla 23,6 millones de euros y que debía abonar antes del próximo 5 de julio tras un requerimiento recibido el pasado mes de mayo, informaron fuentes cercanas al club.El día 15 de mayo la Comisión Europea (CE) comunicó al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que no cabía la suspensión del procedimiento de recuperación de las ayudas concedidas en 2009 al Valencia CF SAD, por lo que IVF dictó una resolución que suponía la reanudación del proceso.
El IVF informó de que se había visto forzado a mediados de abril a reiniciarlo y para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de la entidad valencianista, concedió un plazo de alegaciones de diez días.
Desde el Alto Tribunal se entiende que la medida que obligaba al Valencia a hacer frente al pago de la sanción en dicha fecha podría suponer un grave perjuicio para el club valencianista cuando el proceso no ha llegado aún a su resolución final.
Tras recibir la notificación de hacer frente al pago de forma inmediata, el Valencia recurrió la decisión y el Alto Tribunal ha aceptado los argumentos del recurso sin esperar la respuesta de la Comisión Europea, al entender que todavía no se conoce la sentencia definitiva y por tanto la cantidad definitiva a abonar.
Una vez anulado el plazo del 5 del julio, al Valencia no se le ha comunicado una nueva fecha de pago, si bien desde el club de Mestalla se trabaja en la misma línea de anular una sentencia que considera injustificada.
En el Valencia, según las mismas fuentes, se considera que la resolución conocida este miércoles supone "una victoria" y "un balón de oxígeno" en su camino hacia la anulación de la sanción al considerar que el club ya había procedido en su día a pagar las cantidades correspondientes.
La UE reclamó la citada cantidad como consecuencia de unos avales concedidos al Valencia por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 2009 al considerarlos "ayudas públicas ilegales concedidas por España".