Letrado cuestiona legalidad de actuación policial en Oikos ante el juez
Huesca, 29 nov (EFE).- El representante legal del jugador Íñigo López y de su representante, Rodrigo Fernández, ha cuestionado ante el juez que instruye el caso Oikos, de amaños en partidos del fútbol español, la legalidad de las nuevas detenciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) en la segunda fase de la operación.,En un escrito dirigido al juzgado, al que ha tenido acceso Efe, este letrado, Juan Pablo Lerena, pide "depurar responsabilidades" entre los responsab
Huesca, 29 nov .- El representante legal del jugador Íñigo López y de su representante, Rodrigo Fernández, ha cuestionado ante el juez que instruye el caso Oikos, de amaños en partidos del fútbol español, la legalidad de las nuevas detenciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) en la segunda fase de la operación.
En un escrito dirigido al juzgado, al que ha tenido acceso Efe, este letrado, Juan Pablo Lerena, pide "depurar responsabilidades" entre los responsables policiales por las nueve detenciones practicadas el pasado lunes, "al parecer sin conocimiento ni autorización del juzgado".
Considera "impropio de un estado de derecho por ser contrario a la legalidad, a la tutela judicial y a la presunción de inocencia" las detenciones llevadas cabo tras el análisis de unos documentos manuscritos incautados meses atrás y referidos al supuesto amaño del partido de Segunda División entre el Reus y el Valladolid en la temporada 2017.
Destaca que la actuación policial contraviene un auto del juez del pasado 12 de junio en el que se advertía de la necesidad de comunicar al juez posibles nuevos hechos constitutivos de presuntos delitos, así como del descubrimiento de otros partidos supuestamente amañados.
"¿No es esto una desobediencia judicial en toda regla?", se interroga en su escrito el letrado, quien también se pregunta cómo la unidad policial encargada del caso "obvió, sorteó, soslayó o evitó" el mandato judicial.
Considera que el magistrado no autorizó las detenciones, "habida cuenta del resultado de las mismas: todos puestos en libertad a la mañana siguiente, sin ni siquiera prestar declaración ni haberse decretado medida cautelar alguna".
Lamenta que varios de los acusados pasaran "un día y una noche" en los calabozos, algunos ya detenidos en la fase anterior de la operación y a disposición judicial desde entonces, y se pregunta por los motivos por los que no se limitó el juez a citarlos formalmente.
Además, el abogado asegura desconocer los motivos por los que no fueron detenidas todas las personas que figuraban en los documentos manuscritos, y por los que algunas de ellas, Raúl Bravo y Carlos Aranda, fueron puestas en libertad tras negarse a declarar en comisaría.
"De las respuestas que obtengamos a estas preguntas -añade- dependerá el alcance de las responsabilidades que pretendemos exigir. Hay que poner coto a la actuación policial desmesurada, a la instrucción policial sin control judicial".
Lerena considera "indecible" el daño causado por una detención "manifiestamente injusta, infundada y está por ver si ilegal", y subraya que con la actuación policial se han causado perjuicios personales, psicológicos, sociales, familiares, profesionales y morales "imposibles de imaginar".
Recuerda al juez que en el referido auto del pasado mes de junio pidió a la policía que informara en un plazo de diez días de los indicios de criminalidad existentes contra algunos de los detenidos en la primera fase de la operación.
En la conclusión del escrito, el abogado solicita al juez que acuerde "lo necesario" para que la policía proceda a la devolución de los teléfonos móviles incautados a sus dos clientes "sin autorización judicial", el urgente cumplimiento de lo acordado en el auto del pasado mes de junio.
También reclama que se facilite una "copia espejo" de los dispositivos informáticos que le fueron incautados a Íñigo López en las detenciones practicadas el pasado mes de mayo, así como todos los documentos y efectos requisados.