Macrooperación en el fútbol de Portugal en el marco de una investigación sobre fraude fiscal y blanqueamiento de capitales. La diligencia, de enorme dimensión con 76 registros por todo el país realizados por alrededor de 200 inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), ha sido confirmada por la Fiscalía lusa, que ha bautizado el proceso como 'Operación Fuera de Juego'. Según el medio portugués Sabado, la casa de Iker Casillas está entre las registradas.
El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha recibido esta visita de las autoridades para constatar o descartar su implicación. Toda esta investigación se inició por las revelaciones que el hacker Rui Punto hizo a través de Football Leaks.
Se investigan "negocios del fútbol profesional realizados a partir de 2015" que presuntamente habrán involucrado "acciones destinadas a evitar el pago de las prestaciones tributarias debidas al Estado portugués", según reza el comunicado del ministerio público, que ha decretado secreto judicial a la causa.
Aunque la nota no precisa qué clubes son los que están en la lupa de las autoridades, la prensa deportiva lusa sostiene que los registros incluyen instalaciones del Benfica, el Oporto, el Sporting de Portugal, el Sporting de Braga, el Vitória de Guimarães el Marítimo y el Portimonense.
Además de sedes deportivas, se han realizado registros en despachos de abogados, entre ellos el de Carlos Osório de Castro, que representa al agente Jorge Mendes, cuyo domicilio en Oporto también ha sido visitado por los agentes.
Varios representados del prestigioso representante también tuvieron problemas con el fisco español durante los inicios de la última década. José Mourinho, Fabio Coentrao, Radamel Falcao, James Rodríguez o Ángel di María estuvieron investigados por supuestos fraudes a Hacienda. El caso más conocido fue el de Cristiano Ronaldo, condenado a 23 meses de cárcel y 19 millones de euros de multa por fraude fiscal. El futbolista portugués reconoció su culpa al haber eludido el pago de 5,7 millones de euros a Hacienda.