Varapalo del juez al Barça: no se podrá personar como acusación en el caso Negreira

La juez encargada del caso Negreira ha desestimado la petición del Barça de ser acusación particular en la causa. El club debe formar parte del caso como investigado, pero también solicitaron ser parte perjudicada, ya que aseguraban haber sido perjudicados por presunta administración desleal, algo que la magistrada ha considerado contradictorio.

Un juzgado de Barcelona investiga al club azulgrana y a los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, por los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

El Barça había considerado en un escrito presentado ante la juez que, con independencia de que el servicio técnico arbitral encargado a Negreira tuviese una prestación "real y efectiva", existen sospechas de que este asesoramiento se habría facturado "doblemente" y, además, uno de los canales de facturación fue a través de mercantiles interpuestas que "recibían una comisión".

Por este motivo, el Barça había pedido al juzgado de instrucción poder tener la condición a la vez de investigado y de perjudicado, al verse también víctima de un delito de administración desleal.

Se desestima la petición del Barça

La juez ha desestimado la petición del Barça al considerar contradictoria la pretensión del club azulgrana ya que el actual presidente, Joan Laporta, afirmó en una comparecencia el pasado 17 de abril que "los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias".

Además, añade que de las conclusiones preliminares del Informe de Compliance "no se desprende la existencia de daño patrimonial alguno para el Club".

El juzgado destaca que, tal y como sostiene Fiscalía, lo que se plantea en la causa es que la administración "indebida" se llevó a cabo por “los representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”.

Por otro lado, el juzgado ha decretado en otro auto la prórroga del secreto de actuaciones durante un mes más ante el estado actual de la investigación, "y pendiente del resultado de la práctica de diligencias" acordadas en un auto del pasado mes de mayo.

La juez sostiene que deben practicarse en secreto "a fin de no entorpecer el resultado de la investigación, momento que será el oportuno para realizar una nueva valoración sobre la procedencia o no del mantenimiento" de esta medida, que el auto define como "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente".

En un tercer auto, el juzgado ha admitido la personación de un particular como acusación popular, con una fianza fijada de 3.000 euros, que debe pagar para poder efectuar dicha personación en el plazo de diez días desde la resolución.