Las elecciones del Athletic Club entran este miércoles en uno de sus días decisivos. Tras la revisión de los avales entregados por Alberto Uribe-Echevarría y Aitor Elizegi, la Junta Electoral promulgará oficialmente, a las seis de la tarde, a los dos candidatos que rivalizarán en las urnas el 27 de diciembre. El excontador de la Junta de Josu Urrutia, cobró una ligera ventaja sobre su oponente, al lograr reunir 4.000 firmas avales, frente a las 3.120 del cocinero.
Pero además, el economista bilbaíno defiende que su candidatura cuenta con una garantía extra sobre la de su rival: el colchón de 300 millones de euros de su gestión en los dos mandatos de Urrutia, que cuentan para beneficio del club rojiblanco.
"Todo tiene que ver con la Ley del Deporte de 1990 que obliga a responder con tu patrimonio las deudas generadas desde tu mandato", explicó Uribe-Echevarria en una entrevista en Telebilbao
"Cuando entras en la Junta se hace una 'foto' del patrimonio del club y cuando te vas otra. Si al irte dejas un patrimonio inferior, tendrás que responder de tu bolsillo. La ventaja de que nosotros seamos directiva es que la foto de inicio que cogimos en 2011 era de cuatro millones de euros negativo y al 27 de diciembre será de 300 millones en positivo", resaltó.
El excontador puso en valor que, en caso de salir elegido, su Junta tendrá mucha mayor maniobra económica que la de Elizegi. "Podríamos gastar esos 300 millones sin necesidad de enfrentarnos a un conflicto de intereses: entre ponerlo de nuestro bolsillo o tener que vender un jugador o no afrontar un fichaje".
"Nosotros tenemos ese colchón mientras que cualquier otra candidatura, al irse tendría que dejar el club por encima de 300 millones de euros. El Athletic tendría menos recursos", precisó.
Aitor Elizegi ha criticado en varias ocasiones que sólo la antigua directiva se pueda presentar a los comicios sin tener que avalar parte del presupuesto y poner en juego su patrimonio.
Al respecto, Uribe-Echevarria reconoció, efectivamente, que Ley del Deporte crea diferencias y se mostró favorable a un cambio, aunque precisó que "no es una cuestión nuestra". "Depende del Parlamento español porque es una ley de ámbito estatal", zanjó.