La crisis del coronavirus ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a decretar el estado de alarma, un situación excepcional, que restringe el movimiento de personas y obliga al confinamiento en los domicilios. Sin embargo, sigue habiendo gente que se salta 'a la torera' estas restricciones y se ha lanzado este domingo a la calle, aprovechando el buen tiempo que reina en Bizkaia, para tomar el sol, hacer deporte, pasear o subir al monte.
Una situación de descontrol que están llevado a Ertzaintza y Policía Municipal ha patrullar los municipios avisando de la obligación de permanecer en las casas. Escenas que se han vivido a lo largo de la mañana en la capital, Bilbao, y en otros rincones, como Barakaldo, donde efectivos policiales han recorrido el paseo de la Ría y Megapark advirtiendo a los ciudadanos que paseaban o hacían deporte, que estaban incumpliendo el confinamiento ordenado: "Vayan a sus casa, adopten las medidas establecidas por el Gobierno; si no, empezaremos a tomar medidas".
🔔Estamos recibiendo mensajes de zonas en las que hay personas en la calle, la Policía Municipal y la @ertzaintzaEJGV nos encontramos trabajando en ello en estos momentos. #Quedateencasa #COVID19 #yomequedoencasa
— Bilbao Polizia (@Bilbao_Polizia) March 15, 2020
Así mismo, en Sestao, la Policía Municipal ha decidido balizar el Paseo de la Benedicta para impedir que la gente pasee por el mismo.
La pasada madrugada, en el municipio de Santurtzi, la Ertzaintza detuvo a un individuo de 58 años, con antecedentes policiales, que agredió a varios agentes cuando procedían a cerrar un club que no podía permanecer abierto debido al estado de alarma.
El incumplimiento del estado de alarma será sancionado, según se recoge en el artículo 20 del del Real Decreto, que se publicó la noche de este pasado sábado en el BOE, dedicado, precisamente, al régimen sancionador.
Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o penas de prisión de tres a 18 meses a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en su artículo 556. En el 550, el mismo texto recoge las penas por atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia, lo que incluye "los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", con penas de cárcel de entre uno y cuatro años de internamiento.