Borja Oubiña ratifica el rechazo del Celta a la Superliga: "Que el campo decida"

Varios clubes de LaLiga como Getafe, Sevilla, Rayo Vallecano, Mallorca, Granada respaldaron la declaración suscrita por todos los países de la Unión Europea, salvo España, sobre un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte, y pidieron al Gobierno que escuche a la mayoría del fútbol español. Otro club que ha respaldado esta declaración ha sido el Celta de Vigo. Borja Oubiña, su portavoz institucional, aseguró que "es importante que no se pierda la esencia de lo que es el fútbol".

Anteriormente otros clubes como Cádiz, Alavés, Girona, Leganes, Betis, Villarreal, Osasuna y Las Palmas también habían mostrado su rechazo a la Superliga. El ya exjugador del Celta de Vigo cree que todos los equipos deben ganarse jugar la máxima competición continental sobre el terrero de juego: "Es importante que no se pierda la esencia de lo que es el fútbol, de lo que es el deporte, de preservar lo que son los logros deportivos y yo creo que va unido un poco también a que no haya mucha diferencia en los ingresos en los clubes".

Remarcó Borja Oubiña, uno de los jugadores leyenda de LaLiga, que "es importante mantener un poco en ese aspecto la igualdad lo máximo posible para que luego el campo decida quién es mejor o quién es peor y quién tiene que competir en Europa".

El texto de la declaración informal, propuesta por el gobierno francés y firmada el pasado día 7 en vísperas del Congreso de la UEFA en París, no hace mención expresa a la Superliga, pero aboga por un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte.

El gobierno de España decidió renunciar a la firma por "estar sub iudice el caso Superliga" y propuso la celebración de una reunión formal sobre el modelo del deporte europeo, una vez se produzca la sentencia sobre el mismo, cuyo juicio se celebrará el 14 de marzo.

El ejecutivo español trasladó a los países miembros que el modelo del deporte europeo debe responder siempre a la legislación europea y a la de los países miembros, así como a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los demás órganos jurisdiccionales competentes.