La Audiencia de Barcelona será el tribunal que juzgará finalmente al delantero del Barcelona Lionel Messi y a su padre por fraude fiscal, en vez de un juez de lo penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), como estaba previsto inicialmente.
En un auto, el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Gavà (Barcelona), que instruyó la causa contra Messi, ha estimado la petición de la Fiscalía de que el futbolista y su padre sean juzgados por un tribunal de la Audiencia y no por un juzgado unipersonal.
El juzgado ha resuelto así la discrepancia que mantenía la Fiscalía -que exculpa a Messi del fraude fiscal- con la Abogacía del Estado, partidaria de que el delantero del Barça sea enjuiciado por un juzgado de lo penal de Vilanova i la Geltrú.
En su auto, el juez acuerda la apertura de juicio oral contra Messi y su padre y vuelve a conceder un plazo de tres días a la Fiscalía para que, si así lo estima procedente, presente escrito de acusación contra el futbolista, al que el ministerio público exculpa del fraude fiscal.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita 18 meses de prisión para el padre del futbolista por evadir 4,1 millones de euros en impuestos la Hacienda española, pero pide el archivo de la causa para Lionel Messi, contra el que inicialmente se querelló, al entender que no tuvo conocimiento del fraude.
De hecho, la Fiscalía se querelló inicialmente por fraude fiscal contra Messi y su padre y representante, Jorge Horacio, pero meses más tarde pidió el archivo de la causa para el futbolista, después de que ambos pagaran al juzgado 5 millones de euros, que incluían la suma defraudada más los intereses.
El padre de Messi asumió ante la juez toda la responsabilidad en la gestión tributaria de su hijo, pero la instructora acordó mantener al futbolista imputado en la causa, en una decisión que después respaldó la Audiencia de Barcelona.
El futbolista, no obstante, será finalmente juzgado dado que la Abogacía del Estado mantiene la acusación contra él y le pide, igual que a su padre, una condena de 22 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública.