Patxi Izco y Ángel Vizcay, expresidente y exgerente de Osasuna, respectivamente, han declarado hoy en el Palacio de Navarra como imputados en la investigación por un supuesto delito fiscal cometido por exmandatarios del club navarro, sin que hayan ofrecido aclaraciones al afirmar desconocer detalles.Ambos han declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que recientemente admitió a trámite la querella presentada por Hacienda Tributaria de Navarra por supuesta defraudación de IVA e IRPF.
Tanto la fiscalía como el Gobierno de Navarra han pedido la imputación de Osasuna en los hechos investigados, aunque el club no tiene traslado de ello y espera conocer su situación procesal, de momento querellado con una cuantía presuntamente defraudada de unos 5,9 millones de euros, entre IVA e IRPF, entre 2010 y 2013.
La investigación abarca, de momento, impagos de Osasuna del impuesto de IVA, ya que la jueza ha determinado en un auto que los impagos por IRPF no son constitutivos de delito por las cantidades defraudadas, aunque la Hacienda foral ha recurrido dicha resolución.
Las cantidades investigadas abarcan el IVA que Osasuna no ingresaba en la Hacienda foral correspondientes a los ingresos por taquilla, abonos, palcos y boxes hasta octubre de 2013.
Tanto Izco, que fue presidente de Osasuna entre 2002 y 2012, y Vizcay, que ejerció de gerente del club durante 24 años, hasta octubre de 2014, han declarado ante las partes que desconocen los hechos investigados y que no entraban dentro de sus funciones al existir departamentos de contabilidad y dirección general.
Mañana declarará la tercera persona investigada de momento en esta causa, Miguel Archanco, presidente de Osasuna entre 2012 y 2014, y anterior directivo en el mandato de Izco, y previsiblemente lo harán en el futuro las personas que ocuparon altos cargos en el club en lo relacionado con el apartado financiero.
A expensas de lo que decida la jueza instructora y la Audiencia Provincial de Navarra, cabe recordar que Osasuna no fue imputado como persona jurídica en la pieza principal del denominado "caso Osasuna", por supuestos amaños de partidos y salidas irregulares de dinero, al entender que el club puso los mecanismos de control exigidos para su vigilancia y supervisión.
En el caso de que Osasuna sea imputado como persona jurídica en esta investigación por defraudación de IVA se arriesgaría a una multa no inferior a los 10 millones de euros, cantidad a la que se uniría al dinero pendiente de pago (5 millones de euros de IVA y 900.000 euros de IRPF).
No obstante, Osasuna considera que la Ley Foral de diciembre de 2014, de reestructuración de la deuda tributaria del club, debe ser considerada de "punto final", por lo que incluiría esta cantidad en la cancelación de la deuda que quedará finiquitada esta temporada con el pago de 10 millones de euros.
El resto de la deuda con la Hacienda foral, de 43 millones de euros, se saldó con la dación en pago del patrimonio del club: el estadio El Sadar y las instalaciones de Tajonar.
En 2015 se archivó la denuncia interpuesta por la asociación Kontuz por una supuesta actuación irregular del anterior Gobierno de Navarra en relación con los impuestos que Osasuna debía pagar a la Hacienda foral.