Del Atlético de Gil al Betis de Lopera: otros casos de administraciones judiciales

Corren nuevos tiempos en el Málaga CF. Esperanzadores, sin duda, aunque el tiempo dirá si se encontró a tiempo una solución para paliar las constantes y desesperantes triquiñuelas económicas de Al-Thani y compañía. Ahora nada se mueve sin que pase por el administrador judicial del club, José María Muñoz, encargado de remover las alfombras y sanar la delicada situación. Una coyuntura difícil, por la que ya han pasado varios clubes españoles en este siglo y que no debe confundirse con los procesos concursales, más repetidos en el fútbol nacional y que se inician en casos de gravedad extrema.

En Martiricos saben de ello. De hecho, en 2006 el club decidió acogerse a la Ley Concursal por la importante deuda que acumulaba. Una salida que consiste, en resumen, en acudir a la justicia para que se reduzca esa deuda mediante convenios con los acreedores. Digamos que esta es la última bala, pero antes, como ocurre actualmente, un juzgado puede dictaminar la entrada de un administrador judicial -básicamente una persona independiente de las partes en conflicto- que tenga la custodia y el poder de administrar una entidad, empresa o similar. Y antecedentes, como en todo en la vida, hay en la liga española. El primero de ellos, y puede que el que más recordado, el que vivió el Atlético de Madrid.

El peculiar Jesús Gil fue apartado... por poco tiempo

Nos vamos hasta los últimos días de 1999, cuando el juez Manuel García-Castellón decide embargar las cuentas del Atleti, y quitar las llaves del club a Jesús Gil. También a Enrique Cerezo, ahora presidente, del cargo de vicepresidente que ejercía entonces. Las acusaciones contra Gil era a cada cual más importante y el citado juez nombró a Luis Manuel Rubí como administrador judicial del Atleti. Se le impuso una fianza a Gil -al igual que ha pasado con Al-Thani- y se vendieron a jugadores como Chamot o José Mari. El caos era total, los jugadores se rebelaron y Ranieri dimitió.

La inesperada vuelta a la tortilla llegó cuatro meses después de la entrada del administrador, cuando la justicia decidió de forma controvertida devolver la gestión del club a Gil -bajo la supervisión de un interventor-. Los problemas eran mayúsculos y la parte deportiva se resintió de manera histórica, ya que el Atlético de Madrid perdió la categoría y descendió a Segunda División. Gil, por cierto, continuó en el cargo hasta su dimisión en 2003.

Lopera y el Betis

Otro caso recordado, por lo pintoresco del personaje, fue el del Betis de Manuel Ruiz de Lopera. Si en Málaga fue la APA la motivadora del cambio, en Sevilla fueron las querellas de 'Béticos por el Villamarín' y otras plataformas: 'Por Nuestro Betis' y 'Liga de Juristas Béticos'. En 2010, y con la parte verdiblanca de la ciudad en llamas, Lopera trató de vender sus acciones pero la conocida jueza Alaya (famosa por el caso de los ERE en Andalucía) paró la venta. Fue entonces cuando entra en el club la administración judicial, que varió de nombres como los de José Antonio Bosch o Francisco Estepa.

El Betis llegó a entrar en concurso de acreedores por un desfalco de más de 70 millones de euros, propuso a dedo al exfutbolista Gordillo como presidente -siempre la salvaguarda del administrador judicial- y hasta llegó a recuperar un lugar en Primera División. Lopera, tal y como puede ocurrir con Al-Thani, nunca cesó en su empeño de recuperar el Betis. No fue hasta 2015 cuando se levantaron parcialmente las medidas cautelares de más de la mitad de las acciones y tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán pasan a ser los máximos dirigentes de la entidad tras la celebración de una Junta de Accionistas que sepultó definitivamente el 'fantasma' de Lopera.

Otros procesos a destacar

Luego está el curioso caso del Racing de Santander, un club que pasó varios años a la deriva después de la entrada del empresario indio Ahsan Ali Syed. Llegó prometiéndolo todo, se hizo viral por celebrar los goles como un poseso y dejó muy pronto de pagar a los jugadores. La bola de nieve se agigantó e incluso Miguel Ángel Revilla dijo que era "más un mangante que un magnate". El final, una Ley Concursal a la que se acogió en 2011 para evitar el descenso administrativo. Lo logró, no sin problemas y líos institucionales, aunque el club terminó descendiendo por deméritos deportivos hasta Segunda B.

Fue entonces, en diciembre de 2013, cuando el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander decidió nombrar a Carlos de la Dehesa Sainz de los Terreros administrador judicial del Racing de Santander. Sin embargo, y he aquí la curiosidad, el administrador se encargó únicamente de fiscalizar los ingresos de taquilla y venta de abonos, permaneciendo al frente del club los que por entonces eran los gestores del club, encabezados por un Ángel Lavín que era una persona repudiada por la mayor parte de los aficionados del Racing.

Lleida y Córdoba, dos precedentes interesantes

Menos altisonantes fueron los casos del UE Lleida, que después del paso de los administradores judiciales -y con una deuda que se acercaba a los 30 millones de euros- fue liquidado y sacado a subasta para, después de refundarse como Club Lleida Esportiú, ser transferida su unidad productiva (jugadores, empleados y derechos federativos en la división en cuestión). Con esta última fase consiguió permanecer en Segunda B y creó un precedente -junto al del Orihuela- en el que se basa el Córdoba para no terminar desapareciendo.

Porque el conjunto califal, después del mandato de Jesús León, decidió transferir su unidad productiva a una nueva entidad que se haría llamar Unión Futbolística Cordobesa. Los administradores judiciales propulsaron y defendieron esta coyuntura, aunque la RFEF está arrojando nubes y el caso aún no está ni mucho menos desencallado, aunque haya entrado inversión externa -mediante la compra de esa unidad productiva- por parte de un grupo empresarial de Bahrein. Acerca de la situación del Córdoba, Daniel Pastor, nombre importante en el pasado reciente del Málaga, expuso en COPE acerca de la posibilidad de que Al-Thani y BlueBay lleguen a un acuerdo por las acciones: "Está ocurriendo igual en el Córdoba. Se ha producido una venta y hay un grupo nuevo, pero sigue el procedimiento penal".