Pero Manuel Domínguez Platas, secretario del Consejo y una figura muy importante en las negociaciones, matiza y deja claro que aunque se cierre esta etapa el Betis sigue siendo esclavo de su situación económica. Las decisiones del club ya no pasan por las manos de Antonio Jesús González, Francisco Tato y Gerardo Narbona; no obstante, el Betis tiene que autogestionarse de forma que satisfaga sus pagos en los plazos estipulados.
"Se ha levantado la intervención derivada de la declaración del concurso y empezamos una nueva etapa que es la de pagar. Yo no diría salir del concurso sino entrar en una fase que es la de pagar a nuestros acreedores. Empieza el calendario de pagos de acuerdo a lo aprobado y se termina la intervención del Betis. Ya podemos tomar nuestras decisiones sin necesidad de pasarlo por los administradores concursales pero siempre de acuerdo con el plan de viabilidad que nos han aceptado. No podemos hacer locuras porque el incumplimiento del convenio podría dar la liquidación de la entidad", dice Domínguez Platas en la radio oficial.
Sin los concursales, habrá una comisión de seguimiento. "La comisión está incluida dentro del convenio a instancias del Real Betis Balompié que es el que lo elabora y lo planteaba y están incluidos en esa comisión, nominalmente, Santiago Nebot (abogado de la AFE); por parte del club, aun está por decidir, pero con seguridad será nuestro director general; y la Liga también incluirá a un miembro que posiblemente sea Carlos del Campo. Esa comisión semestralmente tendrá que rendir cuentas del cumplimiento del convenio".
Domínguez Platas asegura que el hecho de que el concurso sea declarado fortuito o culpable no afecta a la situación actual: "Esta declaración no influirá en el concurso de la entidad. La calificación de culpable o fortuito no afecta para nada. Si se declara fortuito las piezas se cierran sin ninguna consecuencia. Si se declara culpable habría que depurar quienes son esos culpables, qué responsabilidad tienen y qué consecuencias tienen para esas personas; desde reponer patrimonialmente esas responsabilidades, hasta la inhabilitación para el ejercicio del comercio hasta en un plazo de 15 años".
Por último, respecto a las cantidades obtenidas por posibles ventas, explica: "Hay un 25% destinado a los acreedores ordinarios y un 15% para la Agencia Tributaria, un total del 40%. El resto se podría reinvertir en fichajes, en cantera o en instalaciones. Todo ello si la venta genera beneficio. Un ejemplo: si vendemos por 0,8 pero habíamos comprado por uno, no tendríamos que pagar a nuestros acreedores".