La vista en el Mercantil sobre las medidas cautelares, el viernes

El pasado 10 de julio, la Audiencia Provincial de Sevilla tomaba la decisión de levantar las medidas cautelares impuestas sobre las acciones del Real Betis propiedad de Manuel Ruiz de Lopera por medio de Farusa. El revuelo generado ha sido tremendo y la incertidumbre se ha apoderado del aficionado bético, que aguarda impaciente la celebración de la Junta General fijada para el próximo 23 de septiembre, anunciada por el administrador judicial Francisco Estepa en la presentación del fichaje bético Germán Pezzella, la cual podría acabar con la intriga generada en torno a quién será el máximo mandatario de la entidad.

En el juicio celebrado el pasado mes de marzo se solicitaba la nulidad de la suscripción de un 31,38% de las acciones del Betis propiedad de la empresa de Manuel Ruiz de Lopera, puesto que se señalaba la utilización de un préstamo concedido al club en 1992 por las cajas de ahorro para titular estas participaciones a nombre de Farusa. Tras dos jornadas de interrogatorios, el juez Javier Carretero dejó el caso visto para sentencia. Y sería este viernes cuando el Mercantil Número 1 celebrará una vista para adoptar o no medidas cautelares sobre ese porcentaje de las acciones, según apunta ABC.
Los 17 accionistas de la entidad heliopolitana que demandaron al que fuera consejero delegado y presidente en el Juzgado de lo Mercantil número 1 han ido aun más lejos al solicitar que se activen las medidas cautelares para dicho 31,38% de las acciones del club. El consenso ha sido absoluto entre todos los accionistas, y en las últimas fechas han centrado sus esfuerzos en encontrar las vías económicas necesarias para reunir la cantidad de dinero con la que avalar la solicitud, encuadrada en una cifra cercana a los 250.000 euros. Así, los accionistas entienden que la alternativa mercantil se presenta como la principal vía para frenar el regreso de Manuel Ruiz de Lopera al frente de la nave verdiblanca.
Por su parte, los encargados de la defensa de Lopera piensan que la sala del Mercantil que trata el tema podría adoptar medidas cautelares con de inmediato debido a que aun no hay sentencia firme, pero sí hay dos autos que avalan la inmediatez de su puesta funcionamiento. En el primero, del propio Mercantil y fechado el 23 de julio de 2012, se acordaba la medida cautelar y concretaba que “entrará en vigor y sin solución de continuidad desde el levantamiento de la misma medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción número 6”. El segundo, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con fecha del 28 de octubre de 2013, revocaba la medida anterior, pero entendiendo que no había “peligro moral” mientras las cautelares penales subsistieran, y que “de alzarse las medidas cautelares en determinado momento y evidenciarse la necesidad de su adopción en sede civil, podrían interesarse entonces y adoptarse, incluso, sin audiencia previa», recalcando así la inmediatez de su puesta en marcha.