Problemas con la justicia en Cádiz antes de la visita blanquilla
El próximo lunes, el Real Zaragoza visita al Cádiz, uno de los aspirantes al ascenso. Sin embargo, a falta de tres días para el choque, la noticia ha saltado en algo completamente alejado a los terrenos de juego. Algo que, en cierta medida, puede ayudarles a los de Víctor Fernández en su misión de asaltar el Carranza.
Y es que, el jugador cadista Róber Correa ha sido detenido por, presuntamente, ser el autor de un delito de daños. Según fuentes de la policía, el futbolista dejó inservible el cajero de un parking subterráneo tras orinar en el suelo del aparcamiento y propiciarle varias patadas. En aparente estado de embriaguez, los daños que provocó estarían cifrados entre 4.000 y 5.000 euros.
Los hechos sucedieron a las tres de la mañana del 17 de marzo, tras el empate cosechado frente al Lugo. Y Correa fue detenido el pasado martes, gracias a la grabación de las cámaras de seguridad del parking. En dichas imágenes, se ve al jugador orinando y dándole patadas al cajero.
El Cádiz ya se ha pronunciado
Después de que estas informaciones salieran a la luz, el club andaluz ha querido salir al paso con un escueto comunicado. El Cádiz reconoce que estaba informado desde el primer momento del suceso pero, a su vez, pide que se respete la presunción de inocencia y la intimidad del futbolista.
No obstante, aquella noche el lateral no estaba sólo. Iba acompañado por varios jóvenes, entre los que se encontraban otro jugador cadista. Se trata de Ager Aketxe, que ya se vio envuelto en problemas con la justicia hace unos años.
Aketxe fue condenado por agredir a un ertzaina
El centrocampista del equipo de Álvaro Cervera eludió, a principios de este año, la pena de cuatro años de prisión que solicitaba originalmente la Fiscalía por, junto a otros jóvenes, agredir y arrojar al río Gobela a un agente de la policía vasca que estaba fuera de servicio el 9 de agosto de 2015, durante las fiestas del barrio de Romo, en Getxo.
Finalmente, en enero de este año, Aketxe ya conocía la resolución. Además de pagar una multa, la jueza le obligó a indemnizar a la víctima con 4.680 euros, algo mucho menor comparado con lo que al principio pedía la Fiscalía.