En el nuevo pliego de condiciones aparece que si hay una nueva deuda desconocida e incrementa el pasivo, el nuevo dueño del Recreativo restaría esa cantidad a los 9.319.325,53 euros puestos por el Ayuntamiento para solventar deudas del club onubense con Hacienda y Seguridad.
En la mañana de este miércoles, el equipo de Gobierno intentará sacar adelante el nuevo pliego y la apertura del nuevo concurso público para la enajenación del 90% del paquete accionarial del Recreativo de Huelva. Lo hará en el salón de plenos mediante un pleno extraordinario declarado de urgencia.
Según ha adelantado el diario Viva Huelva, esta nueva cláusula es resaltada por el interventor en su informe sobre la venta de las acciones, que asegura que el Consistorio asumirá los posibles incrementos “sin que se justifique este extremo en el expediente”.
Aparte de esto, otra de las novedades de este nuevo pliego de condiciones es la aparición de cuatro procedimientos judiciales abiertos con entidades vinculadas y/o asociadas a Román Ignacio Rodríguez Fernández. En total se reclaman 2.409.887,50 euros, cuantía adeudada por préstamos y operaciones de fichajes de la era de Pablo Comas. Una de esas reclamaciones asciende a 197.128,80 euros, “en concepto de intermediación por las contrataciones de los jugadores Isaac Nana y Rubén Mesa”.
Según el informe firmado por el secretario del Decano, José Antonio García Zambrano, y al que ha accedido Viva Huelva, “el fondo de las reclamaciones realizadas recae sobre unas cantidades que no fueron transferidas al Recreativo, sino a la mercantil Gildoy España”. Por ello, “no se considera que las pretensiones aducidas puedan tener base jurídica suficiente como para ser estimadas y, en cualquier caso, las mismas son repercutibles contra Pablo Comas por su gestión del club según condena penal”.
Por otro lado, desde el informe del oficial mayor del Ayuntamiento de Huelva se resalta que las cuentas que aparecen en el pliego “no están debidamente auditadas”, por lo que no puede acreditar que las acciones del Recreativo dispuestas a ser vendidas “no se encuentren en causa legal de disolución”.