El Valencia CF aguarda en silencio la resolución de la Comisión Europea que, salvo sorpresa, debería pronunciarse entre este viernes o la semana que viene a más tardar, sobre la petición de suspensión cautelar del cobro de 23.3 millones de euros por el préstamo que el IVF avaló en su día para la compra de acciones por parte de la Fundación. En su mano, en la mano de Bruselas está el futuro proyecto de Meriton a corto plazo, esto es, para empezar la política de fichajes para invierno. El club confía que esa circunstancia no llegue a darse y, tras rebuscar en la jurisdicción europea, ha encontrado algunas sentencias similares que le favorecen.
ElDesmarque ha tenido acceso a una de ellas, en concreto a la emitida en 1994 conocido como Caso Transacciones Marítimas, "un caso parecido y uno de los pocos ejemplos donde el Tribunal Europeo aceptó un aplazamiento de pagos. Los criterios para conseguir un aplazamiento de pagos son, generalmente, muy difíciles de cumplir", explica a este diario Oskar van Maren, investigador jurídico, del Instituto Asser, un centro académico que se dedica al estudio y análisis de temas relacionados al derecho internacional y europeo y forma parte de la Universidad de Ámsterdam.
En este sentido, continúa el especialista, “cuando un Estado miembro encuentre graves dificultades que le impidan respetar cualquiera de estos plazos, deberá informar a la Comisión de esas dificultades, incluyendo una justificación adecuada. La Comisión podrá entonces prolongar el plazo de conformidad con el principio de cooperación leal. (párrafo 43 de la Comunicación de la Comisión Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles)".
El investigador holandés ha explicado a este diario que independientemente de lo que dictaminen los tribunales europeos, al Valencia siempre le queda la posibilidad de pedir "una suspensión de pago ante un juez nacional. Cabe recordar que la decisión de la Comisión Europea está dirigida a España y no al Valencia CF. Esto significa que, en términos jurídicos, la decisión es vinculante para España pero no para el Valencia CF. La recuperación se lleva a cabo mediante el derecho nacional, y son las instancias relevantes españolas las que pueden crear decretos, autos, órdenes etc. que obliguen al Valencia CF. En el momento que la Generalitat ordene la devolución de las ayudas al Valencia CF, el club debería de tener la posibilidad de pedir una suspensión de pago ante un juez nacional".
Y precisamente eso es lo que ha hecho, el Valencia. El club le ha abierto un nuevo escenario jurídico a la Generalitat para que ésta no exigiera de forma inmediata el pago. La legislación española permite que el Valencia presente garantías de pago, esto es, avales sin necesidad de pagar ni congelar esa cantidad en una cuenta, y ahí figura el nuevo estadio como prenda.
En este sentido, el Valencia está tranquilo, pues ha conseguido el compromiso de que el Instituto Valenciano de Finanzas, banco de la Generalitat Valenciana, no exigirá el pago de los 23.3 millones de euros ni va a hacer ningún movimiento al menos hasta que se resuelva el recurso presentado ante la UE para, primero, la suspensión cautelar de la sanción y después que deje sin efecto la sanción o minimice el impacto de la misma.
Así lo anunció el pasado viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. "La Generalitat ha trasladado a la UE la suspensión cautelar y la UE nos ha pedido que se lo hagamos por escrito y se lo haremos. Ahora tenemos que esperar a ver qué dice la Comisión Europea. La Generalitat quiere esperar a que haya resolución definitiva, pero vamos a intentar que el impacto sea el menor posible. Esperemos que el impacto sea reducido porque es una empresa muy importante en este territorio, pero una vez concluido el Gobierno tendrá que tutelar el interés de todos los valencianos", resaltó la vicepresidenta.
Al hilo de esta situación, Oskar Van Maren, añade que un buen ejemplo de semejante decreto es la del Ayuntamiento de Madrid con respecto a las ayudas otorgadas al Real Madrid. "Ante este requerimiento, en teoría, el Real Madrid podría haber intentado pedir una suspensión de pago, aunque creo que no lo hizo y pagó". Situación que ahora mismo está descartada en el Valencia tras la postura expresada por el Gobierno Valenciano de 'no beligerancia' jurídica.
Con el apoyo de la Generalitat, el siguiente paso es que Bruselas, se pronuncie a la mayor brevedad posible (entre este viernes y la semana que viene) y los escenarios son diversos: que acepte la suspensión cautelar pedida por el Valencia a través del IVF y siga el recurso adelante. En este caso, el Valencia tendría tiempo para provisionar el hipotético pago si éste llega. La otra posibilidad es que Bruselas niegue la medida de gracia y el IVF estuviera obligado a reclamarle los 23.3 millones de euros al club de forma inmediata. Ante esta situación, el Valencia debería estudiar de nuevo su posición jurídica.
Hay que recordar que la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, ya explicó la semana pasada que, a juicio del V la multa es "injusta e irracional". Y es que, la máxima mandataria de la entidad, en una charla con periodistas ha asegurado que "pedir 49 millones de euros (25 ya pagados y los 24 que demandan ahora) por un préstamo de 75 millones es usura" por parte de la UE.
El hecho constatable, ha señalado la presidenta del Valencia CF Layhoon Chan en una charla con periodistas, es que el recargo de 23.3 millones de euros que le pide Bruselas "es un tercio de nuestros ingresos. Para ser honesta, si tuviéramos que pagar sería letal para el mercado de fichajes de invierno pero vamos a intentar luchar fuerte para que eso no suceda".
La Unión Europea pide que el Valencia pague más intereses porque considera que el préstamo que le avaló el Gobierno Valenciano fue a un interés por debajo de mercado (6,5%) y que sólo pudo conseguir ese interés porque estaba detrás el IVF. Según esta hipótesis, el Valencia si hubiera ido al mercado a pedir ese préstamo de 75 millones de euros que pidió le habrían pedido un interés del 12% porque estaba en bancarrota (Calcula Bruselas) y tendría que haber pagado más intereses (20.4).
24.8.2009: La Fundación Valencia CF solicita a Bancaja, actualmente Bankia, un préstamo de 75 millones de euros, al que se le añadieron cantidades posteriores hasta superar los ochenta millones. La Generalitat avaló la operación. El crédito iba destinado a la adquisición de acciones en la ampliación del capital social del Valencia CF, lo que convirtió a esta fundación en el máximo accionista del club, con un setenta por ciento de sus títulos.
11.1.2013: La Fundación, presidida por Társilo Piles, ve "muy difícil" afrontar un pago inmediato de casi cinco millones de euros correspondiente a intereses del préstamo.
15.2.2013: La Generalitat confirma el pago de 4,9 millones de euros a Bankia como avalista a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y anuncia una "hoja de ruta" para recuperar esa cantidad, que, según su vicepresidente, José Císcar, salió de una línea específica de avales y no de partidas prioritarias para el Gobierno valenciano.
12.3.2013: Un juez anula el aval concedido por el IVF al considerarlo irregular en varios aspectos y pide que la situación se reponga al momento anterior a su concesión. La Generalitat deja de considerarse avalista y anuncia que pedirá el retorno del dinero.
27.6.2013: El juez admite a trámite los recursos presentados en abril por Bankia contra la sentencia que anulaba el aval del IVF al préstamo concedido a la Fundación. Bankia entiende que el aval es válido y que la anulación es contraria a derecho y lesiva para sus intereses.
15.11.2013: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima el recurso presentado por Bankia contra la sentencia que declaró nulo el aval, por lo que éste vuelve a estar vigente y las actuaciones se retrotraen al principio del procedimiento.
27.5.2014: Un juez ordena al IVF el pago de 4,2 millones de euros como avalista del préstamo concedido por Bankia a la Fundación. La cantidad corresponde a los 3,6 millones que se dejaron de pagar en agosto de 2013 más los intereses.
Paralelamente, En 2014, la UE inició una investigación sobre el Valencia CF, además de Real Madrid, FC Barcelona, Hércules, Osasuna, Elche y Athletic Club acusándoles de haber recibido ayudas públicas de forma encubierta.
4.7.2016: Bruselas condena al Valencia a pagar 20.4 millones de euros por un préstamo irregular.
12.8.2016: La UE comunicó la sentencia al Valencia.
14.10.2016: Llega a las oficinas del club la orden de recuperación del dinero por parte del Gobierno Valenciano.
20.10.2016: El Valencia presenta alegaciones previas por la sentencia.
4.11.2016: El Valencia y la Generalitat Valenciana tramitan la petición de suspensión cautelar de la sentencia ante el Tribunal Europeo.
Bruselas comunica que empieza el expediente
Bruselas comunica la sanción
Sentencia Transacciones marítimas
Decreto Ayuntamiento de Madrid por ayudas Real Madrid