El Valencia empieza 2017 pendiente de Bruselas

La sanción de 23,3 millones de euros impuesta por la Unión Europea (UE) al Valencia CF dada a conocer en julio de 2016 y que actualmente está suspendida cautelarmente marcará el día a día del año 2017 en el club, que ya aprovisionó esa cantidad en el presupuesto de la actual temporada. El 2016 concluyó con la decisión del Tribunal de la Unión Europea de aceptar las argumentaciones legales del Valencia y suspender de momento el pago de esa cantidad impuesto por una presunta ayuda del estado al club.

El Valencia está a la espera de la evolución del proceso jurídico en los primeros meses del año, ya que del pago o no pago de esta cantidad, que supone casi el veinticinco por ciento del presupuesto del club, depende su disponibilidad para afrontar distintos gastos, entre ellos los de carácter deportivo no solo de esta temporada.
La sanción de 23,3 millones de euros impuesta por la Unión Europea (UE) al Valencia CF dada a conocer en julio de 2016 y que actualmente está suspendida cautelarmente marcará el día a día del año 2017 en el club
El club pasó los últimos meses de 2016 pendiente del apoyo de la Generalitat en este proceso, ya que la sanción estaba vinculada al papel que como avalista jugó esta institución en el préstamo de 75 millones de euros que Bancaja le concedió en 2009.
El Valencia considera que la aceptación de la suspensión cautelar refleja que la reclamación del club ante la sanción tiene base legal, mientras que desde el Gobierno valenciano su portavoz, Mónica Oltra, insistió tras la aceptación de la suspensión que el problema había dejado de ser político para pasar a ser técnico.
La información de la sanción fue comunicada por la UE a los medios el 4 de julio, pero oficialmente llegó al club el 12 de agosto. El 14 de octubre se concretó que eran 23,3 los millones de euros que debían abonarse antes del 6 de noviembre, aunque ese día no se les presentó la solicitud de cobro de esa cuantía.
La cantidad de 23,3 millones corresponde al importe del principal más los intereses y, según la Comisión Europea, se refiere a dos actuaciones que tuvieron lugar en los años 2009 y 2010.
Respecto a 2009, alude al aval estatal del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el préstamo bancario de 75 millones de euros concedido por Bancaja (ahora Bankia) a la Fundación Valencia CF, que se destinó a financiar la adquisición de acciones del Valencia CF por parte de la Fundación Valencia CF.
Sobre la situación del año 2010, la Comisión investiga que el IVF incrementó su aval a favor de la Fundación en seis millones de euros para atender el pago del principal, intereses y gastos vencidos derivados de un impago en 2009 correspondiente al préstamo.
El primer escrito de alegaciones para la suspensión fue remitido por el Valencia el 13 de septiembre y el 2 de noviembre el club anunció que había pedido la suspensión cautelar, que en principio debía ser efectiva el 6 de noviembre.
Este movimiento legal se produjo con un recurso presentado tanto ante la Unión Europea como ante la Justicia española. Dos días después de su presentación, el Consell, a través de Oltra, anunció que esperarían a una resolución definitiva de la Comisión Europea para reclamar al club el cobro.
"Estamos en contacto permanente con el Valencia y con la Abogacía de la Generalitat y tratamos de que el impacto sea el menor para el club", señaló Oltra hace mes y medio.
El proceso está a la espera de los argumentos de las partes, aunque el objetivo final del Valencia es que esta suspensión cautelar sea definitiva para no tener que abonar cantidad alguna, ya que considera que en ningún caso recibió ayudas estatales.