El plantón de Soler, Soriano, Llorente y Amadeo Salvo
Los expresidentes del Valencia CF Juan Soler, Vicente Soriano, Manuel Llorente y Amadeo Salvo no han acudido a declarar en la comisión del ayuntamiento de Riba-roja de Túria para investigar el PAI Porxinos, diseñado en 2005 para la construcción de una nueva ciudad deportiva del club valenciano.
Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que indica que, junto a los expresidentes del Valencia, también habían sido citados el ex conseller de Territorio, Rafael Blasco, y al exalcalde de la localidad Francisco Tarazona.
Salvo el único que puso una excusa
También se señala que Amadeo Salvo es el único de los ex dirigentes del club valenciano que ha excusado su presencia por estar en el extranjero.
Esta comisión investiga el PAI en virtud del cual el ayuntamiento de Riba-roja de Túria firmó un convenio con la empresa Litoral del Este -vinculada al Valencia- para la creación de una ciudad deportiva, un campo de golf y la construcción de 2.440 viviendas en este paraje de la localidad.
El Tribunal Supremo anuló en julio de 2015 el convenio al considerar que se incumplían algunas estipulaciones legales como la falta de recursos hídricos y la falta de una mayor publicidad y concurrencia en el procedimiento administrativo previo a la adjudicación del programa urbanístico.
El PSPV tabién llama a Peter Lim
En otro comunicado emitido hoy por el Partido Socialista (PSPV) de Riba-roja, se indica que este partido también ha pedido la comparecencia del máximo accionista del Valencia CF, el empresario singaporense Peter Lim.
En la nota se lamenta "el desprecio que todos ellos han demostrado hacia los ciudadanos de Riba-roja de Túria".
La comisión ha acordado realizar por escrito las preguntas a cada una de las personas citadas y por lo que a Lim respecta, que él o alguien en quien delegue explique la reclamación de veinticinco millones de euros que el club pide al Ayuntamiento.
A Ciudadanos le preocupan los 25 millones pedidos
La concejala de Ciudadanos, Maite Ruiz, ha manifestado su preocupación ante la amenaza existente de que el Ayuntamiento se vea obligado a devolver esos veinticinco millones y ha planteado "la necesidad de asesorarse legalmente".
En este sentido, la comisión ha acordado esperar los resultados del informe del Consell Juridic Consultiu, que determinará la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y ha fijado para finales de mayo una próxima convocatoria.