El Alto Tribunal Europeo ha suspendido la ejecución de la sanción que obligaba al Valencia CF de forma inmediata los 23.6 millones de euros pendientes que le reclama la Comisión Europea de Competencia. El Alto Tribunal ha decidio conceder la suspensión cautelarísima de la ejecución del pago de la sanción por ayudas ilegales y deja sin efecto el plazo del 5 de julio. Gran victoria judicial para el Valencia que ahora tardará en meses en volver a saber nada de Bruselas, en teoría hasta que el Tribunal no entre de lleno en analizar el fondo de la cuestión. De momento, el Valencia no tendrá que pagar.
Tal y como ha podido saber ElDesmarque, el Alto Tribunal sí ha entendido los argumentos del Valencia al considerar que si ejecutaba la sanción provocaba un perjuicio difícilmente reparable -y generaba una desventaja en la competición- al Valencia CF. La situación sería aún más gravosa si Bruselas finalmente le da la razón en el fondo del asunto.
El segundo argumento que presenta el Valencia es sencillo: ya hemos pagado y el club esperará a la resolución final del Tribunal General para saber si tiene que pagar y cuánto. Además el Alto Tribunal ha tomado la decisión sin siquiera escuchar a la Comisión Europea, sentando un precedente que ha sido acogido con satisfacción en el club que preside Anil Murthy.
El recurso que presentó el Valencia fue el tercero para tratar de demorar el pago. El primero fue desestimado el pasado día 22 de marzo, cuando el Tribunal Europeo decidiera anular la suspensión cautelar de la sanción que pesaba sobre el Valencia. El presentó un nuevo recurso que fue tumbado el martes 15 de mayo.
Quedaba recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que garantiza que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros y que podía ser el que anule la sentencia del Tribunal General, como así ha sido.
El Valencia sigue pensando que lo que le reclaman es injusto, que son intereses fuera de mercado, y que rozan la usura al calcularlos al doble de los que ya pagó.
Hay que recordar que os 23.6 millones de euros que reclama la Comisión Europea de Competencia es un recálculo de intereses del préstamo que en su día hizo Bankia con el aval del IVF (Banco público de la Generalitat) para que la Fundación dispusiera de 75 millones de euros y completara la ampliación de capital del Valencia de 2009. Bruselas pidió al propio IVF que reclamara esa diferencia. La UE consideraba ese préstamo (y su interés) "ayudas públicas ilegales concedidas por España".
El Valencia se defendió y presentó una demanda doble. Por un lado, pidió la anulación de la sanción y, por otro, pedía la suspensión cautelar del pago hasta que sea efectiva la sentencia definitiva, que es lo que ahora han concedido por segunda vez. El Valencia no tendrá que pagar hasta conocer la sentencia definitiva. Mucho más margen para confeccionar la plantilla de la temporada 2018-19.