El juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha acogido este lunes el juicio por la demanda que interpuso la plataforma Libertad VCF contra la elevada barrera accionarial que estableció el Valencia CF para asistir a las juntas de accionistas, el elevado tope de sueldos que fijó para los altos directivos del club y un préstamo que el máximo accionista Peter Lim concedió al club con los derechos de varios jugadores como garantías. Los representantes de Libertad VCF se ha mostrado tras el juicio "satisfechos" porque es el "resultado de un trabajo de más de un año".
Su abogado, Álvaro Sendra, ha asegurado que no les importa "el ninguneo del Valencia CF". Además, no duda: "Cuando uno plantea una demanda judicial, siempre es optimista. Nosotros vamos a ir hasta el final y para nosotros el triunfo es ganar". Por otra parte, su presidente, José Pérez, ha explicado que en el juicio de este lunes se ha visto "lo esperado": "Ningunearnos antes que entrar en los temas".
Ya en el la vista, se han dado a conocer los nombres de los cuatro futbolistas cuyos derechos fueron pignorados por el máximo accionista del club: Ferran Torres, Gabriel Paulista, Geoffrey Kondogbia y Mouctar Diakhaby. Así lo ha comentado el abogado de Libertad VCF. De ello ha hablado también ha hablado el que era el abogado del Valencia CF por aquel entonces, Joaquín Sales. Ha explicado que él "se limitó a hacer contratos entre las partes". Además, asegura sobre los traspasos de los futbolistas pignorados que "la obligación era sustituirlos por otros futbolistas y presentando otras garantías".
El abogado de Libertad VCF contextualiza el contrato de interés social sobre el agravio comparativo entre accionistas y su posibilidad de acceder a la junta. Lo expone como una: "Lesión de interés social que puede llegar a ser potencial". La cuestión es que del total de socios, solo tres pueden asistir a estas siendo un derecho común. Libertad VCF pide respeto por los socios y que exponga las razones. Inclusive, asegura que los socios que pueden presentarse son gente con mucha facilidad para acceder a un gran número de aficionados como Manuel Llorente.
En primer lugar, el ex-abogado del Valencia CF, Joaquín Sales, alegó que en el año 2020 se les aseguró que "el Valencia no disponía de fondos para hacer frente al préstamo hipotecario de Bankia". "El interlocutor con Bankia fue el club y también el accionista mayoritario cuyas condiciones tenía que aprobar Bankia", añade. Por otra parte, sobre el préstamo de Meriton al Valencia en el año 2014, asegura que "se capitalizó íntegramente".
Sobre las juntas de 2019 y 2020, Fernando Badenes asegura que "representaron a Meriton dos abogados, no un consejero de Valencia". No tiene ninguna legitimidad procesal para hacer manifestaciones que se sustenten con la información aportada. El préstamo se de manera correcta.
Sobre la retribución cobrada por los consejeros del club, Fernando Badenes asegura que el problema "radica en que se establece que la retribución realmente es anual no en seis meses. Los contratos acreditan lo que se cobró en las cuentas anuales y las impugnaron por un importe desmesurado. Es improcedente".
El abogado de Libertad VCF afirma además, sobre el presidente del Valencia CF, que Anil Murthy ha cobrado hasta 460000 euros brutos por retribución más gastos por alojamiento, escolarización, billetes de ida y vuelta a Singapur para toda su familia o seguro internacional. Inclusive, añade que Kim Koh cobró hasta 3000 euros en gastos con el coche junto a costes de alojamiento, billetes a Singapur o seguro internacional. Un total de 200.000 euros brutos de retribución.
En concreto, abogado demandante asegura que con el club en plena causa de disolución, los consejeros Anil Murthy y Kim Koh "cobraron 505000 euros de retribución en seis meses" sin tener facultades firmadas por ejercer. Aseguran que falta esa premisa que justifique estos cobros. Tras el cese de Mateu Alemany se firmaron contratos con estos dos pero en ningún momento se les nombra como consejero delegado ni se les atribuye ningún tipo de facultad para ejercer: "no se le obliga a desempeñar un rol, no hay delegación a favor de estos y no tienen motivos para retribuir", alega
El actual abogado del Valencia CF, Fernando Badenes, asegura sobre los socios que "únicamente 23 socios mostraron su voluntad para interponer en esta Asamblea General. No se ha aportado un documento que mantenga el consentimiento de todos los socios". De hecho, sobre las cuentas anuales, Solís defiende al Valencia CF de la impugnación del préstamo de 16,5 millones afirmando que aporta "papeles sin validez y alegando argumentos de forma interesada" y que "el abogado de Libertad VCF no tiene ninguna legitimidad procesal para hacer manifestaciones que se sustenten con la información aportada". Insiste en que el préstamo cumplió los plazos que exigía.
El Valencia se defiende de la modificación del número exigido de acciones para poder presentarse en una Junta General. Asegura que el club ha ejercido ese derecho de asistencia cumpliendo la ley del 1x1000: "no hay ninguna infracción". Incluso, insiste en que Meriton no vetó el voto a los socios si no que "facilitó que se pudieran agrupar por mecanismos a distancia para delegarlo". Lo consideran un modo de simplicarlo a través de dicha modificación estatutaria para incrementar la participación por medio de la agrupación y delegación de votos. Así ha justificado el abogado del Valencia esta postura con respecto a la presencia de aficionados en la Junta General de Accionistas.