La Fiscalía brasileña solicitó una multa para el ministro de Deportes, Leonardo Picciani, y otras autoridades de Río de Janeiro por no haber presentado un proyecto de legado olímpico consistente para la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 2016, informaron hoy fuentes oficiales.La Fiscalía pide una sanción diaria e individual de 10.000 reales (unos 3.000 dólares) a contar desde el inicio de la cita olímpica, que se celebró en agosto del año pasado en la capital fluminense, según indicó en un comunicado.
La institución solicita imponer la multa, además de al ministro de Deportes, al gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, investigado en la Justicia por supuestas irregularidades en la construcción de algunas obras olímpicas, y también al ex alcalde Eduardo Paes.
El fiscal Leandro Mitidieri argumentó en su reporte que la multa ya ha había sido establecida en decisión cautelar el 15 de julio de 2016 por la cuestionada consistencia del proyecto de legado olímpico presentado entonces por las partes.
"Quedó claro que el plano presentado era una ficción inconsistente", que en la práctica "no se concretó" y demostró que "no había ningún plan" por parte de las autoridades locales.
"Con todo, quedó claro que no fue atendida la orden judicial anterior que determinaba la presentación de un plan real, de verdad, antes de la Olimpiada, bajo pena de multa diaria", añadió la Fiscalía.
De acuerdo con la entidad, el plan del legado olímpico debe informar de los equipamientos que fueron adquiridos con recursos públicos para el certamen y de las infraestructuras construidas y otras reformas a las que se destinaron partidas presupuestarias de la Administración.
También recomendó la inclusión en el proyecto del destino final y los beneficios que traerán a la sociedad esas estructuras, así como la identificación de los costes de manutención de esos espacios "de forma detallada", agregó la información.
No obstante, la actual Autoridad de Gobernabilidad del Legado Olímpico, que sustituyó a la Autoridad Pública Olímpica, presentó en audiencia pública el pasado 14 de junio, en Río de Janeiro, un plan de legado olímpico más detallado, el cual está siendo analizado por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas de la Unión.
La ciudad de Río de Janeiro atraviesa además una severa crisis de violencia, cuyos índices se han disparado desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016, coincidiendo además con un agravamiento de la crisis económica que obligó al estado a declarar "calamidad financiera" (quiebra).
La crisis ha provocado una menor presencia policial en las calles, un empobrecimiento general de la población y la puesta en marcha de un severo paquete de recortes en el gasto público.