El castigo colectivo a Rusia, ¿injusto o ejemplar?

Natalia ArriagaMadrid, 4 dic .- La opción de castigar a Rusia con la exclusión de los Juegos Olímpicos de PyeongChang por prácticas sistemáticas de dopaje divide a la comunidad deportiva internacional, que no se pone de acuerdo respecto a la justicia de esta medida, sobre la que el COI se pronunciará este martes.
En contra, naturalmente, los dirigentes rusos. Los deportivos y los políticos, con el presidente Vladímir Putin a la cabeza.
No es tanto que en Rusia sean contrarios al castigo colectivo, sino que niegan la mayor. Ni admiten la trama de dopaje, ni han hecho propósito de enmienda, ni los atletas se avienen a devolver las medallas que ya, oficialmente, no son suyas.
Dieciséis medallas de los Juegos de Sochi 2014 le ha retirado el COI al equipo ruso, entre los 55 resultados que le ha anulado por violación de las reglas antidopaje. No hubo positivos, pero se ha acreditado con pruebas forenses que los frascos con las muestras de orina fueron abiertos para cambiar una orina por otra.
De ello infiere el COI que las muestras originales estaban contaminadas por el uso de sustancias prohibidas.
Aunque el COI ha pedido que le dejen deliberar sin presiones respecto a qué medidas debe tomar ante este escándalo, uno de sus miembros, el suizo René Fasel, presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, ya se ha alineado con la parte rusa.
Su organismo "es contrario a los castigos colectivos", ha dicho Fasel, que opina que la exclusión de Rusia de los Juegos "pondría en riesgo la salud del hockey".
Una suspensión total sancionaría "a muchos deportistas rusos que no tienen nada que ver con el dopaje", ha destacado Fasel, de quien se dice que es amigo cercano de Putin.
La negativa de la NHL a liberar a sus profesionales para los Juegos de PyeongChang ya deja el torneo olímpico muy tocado. Si la federación de hockey tiene que tragar, además, con la pérdida de las selecciones rusas, tendría que manejar ciertamente una competición muy devaluada.
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que antes de los Juegos de Río sí se pronunció sin lugar a dudas a favor de la exclusión de Rusia, se ha mostrado esta vez mucho más prudente.
Su postura de entonces, defendida por su presidente, el británico Craig Reedie, a la vez miembro del COI, escenificó una división entre los dos organismos que ahora ambos han pretendido evitar.
Pero la AMA dio una muestra de cuál puede ser su auténtica opinión cuando hace tres semanas se negó a rehabilitar a la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), suspendida por su participación en la trama. Uno de los requisitos para volver a acreditarla es que las autoridades rusas admitan precisamente la existencia de esa trama. Pero no están por la labor.
Y este fin de semana la AMA confirmó, por si había alguna duda, que son auténticos unos archivos del laboratorio antidopaje de Moscú hallados por su departamento de investigación, que inciden en la manipulación de las muestras de Sochi 2014.
La misma prudencia pública que la AMA ha mostrado la Comisión de Atletas del COI, que preside la estadounidense Angela Ruggiero. De hecho, cuando su compañera Beckie Scott, de Canadá, pidió el pasado agosto mano dura con Rusia, Ruggiero llamó a la calma y pidió que se dejase trabajar a las comisiones de investigación.
Las agencias nacionales antidopaje (sin la rusa, claro), asociadas bajo las siglas iNADO, son quienes más claramente se han opuesto a la participación en los Juegos del equipo de ese país.
La presencia de los deportistas rusos supondría "un peligro claro y presente" para los atletas limpios, que desean que PyeongChang sea un campo de juego entre iguales.
Según el canadiense Joseph de Pencier, director ejecutivo de iNADO, sería "un gran error" y "una oportunidad perdida", que echaría por tierra la lucha diaria de estas agencias contra el dopaje.
El COI ha dado credibilidad a las pruebas de manipulación de muestras encontradas por el profesor canadiense Richard McLaren y denunciadas por el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, a quien se cree en Estados Unidos protegido por el FBI.