CSD cree que AMA entiende retraso de España en adecuar ley tras elecciones
El Consejo Superior de Deportes (CSD) espera que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no adopte medidas contra España por no tener adaptada aún su normativa al nuevo Código Mundial, cuando dentro de dos días expire el plazo para hacerlo, ya que "conoce perfectamente la actual situación política, inédita"."Sobre las consecuencias que pueda comportar el vencimiento del plazo, que tiene lugar el 18 de marzo, es algo que está abierto. Nosotros esperamos que no tenga consecuencias prácticas, ni para los deportistas españoles ni para las instituciones de nuestro país", aseguró el presidente del CSD, Miguel Cardenal.
En su opinión, "la AMA conoce perfectamente que la situación política actual de España es una situación inédita, que no se había producido en nuestras cuatro décadas de democracia y que eso imposibilita la aplicación de cualquier tipo de norma".
"La AMA no tiene ninguna reserva actualmente sobre la determinación de nuestro país para luchar contra el dopaje en términos generales, en aplicar las normas, perseguir conductas colaborar con otros países y autoridades internacionales y proteger a los deportistas para que no compitan contra personas que hacen trampas", añadió.
Cardenal recordó que España es uno de los pocos países en los que la legislación en materia de dopaje es legislación pública estatal, y no privada, donde el trámite es "muy sencillo y basta con una resolución de la autoridad antidopaje".
"Aquí hay que aprobar una norma muchas veces con carácter de ley orgánica, que exige informe de Consejo de Estado, que requiere varios meses, trámite de audiencia y paso por cámaras parlamentarias. Una norma de este calado era muy improbable que pudiera llegar a tener este recorrido y habiendo aprobado ya una ley antidopaje en la última legislatura lo lógico era esperar a la próxima", explicó.
Cuestionado sobre la posibilidad de haber acelerado la adaptación de la ley al Código, que entró en vigor en enero de 2015 pero se aprobó a finales de 2013, Cardenal insistió en que "la fecha que hay que tomar como partida debe ser enero de 2015".
Preguntado también sobre la posible resolución de los recursos posteriores al juicio y la sentencia de la Operación Puerto, Cardenal afirmó que "el Gobierno no debe interferir en los asuntos de la justicia".
"Este gobierno es parte en ese proceso, ha recurrido la sentencia, ha pedido que se entreguen las bolsas de sangre a las autoridades antidopaje, pero somos igual de firmes en la separación de poderes y en defender la autonomía que tiene el poder judicial y eso podemos entenderlo en España y en cualquier país del mundo que tenga una democracia", apuntó.
Cardenal insistió en que "esto pasa en Alemania, Reino Unido, o Francia y quien no esté a favor de respetar las decisiones judiciales esta cuestionando uno de los principios básicos de las democracias occidentales".