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La nueva ley en España que muchos se temían: pagar por circular en coche por el centro de las ciudades

El Tesla Model X, en el centro de la imagen cerrando sus puertas.
Leire Lobato

Ya te hemos hablado en ElDesmarque de la nueva Ley de Movilidad Sostenible que pretende promover la movilidad sostenible con tal de reducir las emisiones de gases contaminantes y el efecto invernadero. Pues bien, esta nueva normativa incluye una medida que muchos se temían que acabaría pasando: habrá que pagar por circular con el coche por el centro de las ciudades.

La nueva Ley de Movilidad Sostenible acaba de ser aprobada por el Consejo de Ministros y ahora se enviará a las Cortes Generales para que sea tramitada y pueda aplicarse a partir de 2023. Esta ley busca crear ciudades más sostenibles con atmósferas menos contaminadas. Y contiene cuatro puntos básicos que no solo incentivan el uso del transporte público, patinetes o bicicletas, sino también ayudar a los ciudadanos a crear las mejores rutas para sus desplazamientos.

Los ayuntamientos podrán cobrar por circular en coche por ciertas zonas

Una ley que, como decíamos al inicio de la nota, incluirá una medida que probablemente no gustará demasiado a quienes suelen moverse con el vehículo privado por los centros de las ciudades. Y es que se permitirá a los ayuntamientos cobrar a los conductores por determinadas zonas. El objetivo es claro: reducir las emisiones de gases contaminantes y aumentar la movilidad sostenible para conseguir ciudades más limpias para cumplir con las normativas europeas anticontaminación.

Las tasas no se han decidido. Quedará a merced de cada ayuntamiento. Además, se podrán cobrar cantidades distintas en función de la etiqueta medioambiental que lleven.

Con esta decisión, queda clara la estrategia del gobierno en dar prioridad a los peatones y a los ciclistas, así como reducir la movilidad con vehículos privados. Según Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se potenciará esta nueva ley con el reordenamiento del transporte público mediante un mapa concesional que se elaborará de las manos de las comunidades autónomas.

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