Fijado para el jueves el juicio contra el agente del traspaso de Casillas
La Audiencia de Palma ha fijado para el próximo 27 de junio el juicio por presunta administración desleal en el que está acusado el agente de deportistas que medió en el traspaso del portero Iker Casillas al Oporto, para quien la Fiscalía pide 4 años de prisión y la acusación particular 6 años.
Este juicio fue en principio fijado para finales del pasado mayo después de que el 6 de noviembre de 2018 tuviera lugar en la sección primera de la Audiencia balear una vista previa entre las partes.
La causa tiene su origen en la querella de unos empresarios de Mallorca que tenían contrato con el acusado y a quienes habría dejado presuntamente al margen de la operación de traspaso de Casillas al Oporto y de la comisión.
Según la Fiscalía y la acusación particular, los querellantes y el acusado se hicieron socios en 2008 para la intermediación, representación y asesoramiento de futbolistas, por un año prorrogable salvo denuncia de las partes con preaviso.
En el verano de 2015, el agente inició actuaciones para la contratación de Casillas por parte del Oporto.
Con el fichaje del portero, el agente intermediario percibió unas cantidades por intermediación y asesoramiento y, con el ánimo de obtener un beneficio económico, pretendió que se desviaran a otra empresa de la que era socio y cuya actividad se había iniciado en julio de 2015, con igual objeto social que la anterior, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el abogado Jaime Campaner, cifran la comisión que obtuvo en 444.750 euros, a lo que los querellantes añaden 22.400 euros, cantidad que estiman que dispuso para realizar la negociación.
La Fiscalía pide para el agente 4 años de cárcel por administración desleal, multa de 3.000 euros y que indemnice a los afectados con 444.750 euros por las comisiones que estima adeudadas.
La acusación particular reclama 6 años de prisión por administración desleal y estafa, multa de 5.400 euros y que el agente y de 1.450.000 euros para la sociedad. Reclama además que indemnicen a los querellantes en 467.150 euros.
