Joan Laporta, absuelto del caso Negreira: la prescripción de los pagos exculpa a toda la Junta

La Audiencia de Barcelona que está investigando el caso Negreira, ha traído durante la pasada mañana del viernes buenas noticias para el presidente del FC Barcelona en una semana dura por la despedida de Xavi Hernández. Joan Laporta, junto con toda su primera Junta incluida en la investigación, han sido exculpados del caso. La Audiencia ha determinado que los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que se dieron entre los años 2008 y 2010 (es decir, en su primer mandato) han prescrito, tal y como ha informado la agencia EFE.

La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estimó el recurso que fue presentado por el abogado del presidente del FC Barcelona. Posteriormente, la decisión del juez instructor de investigar al máximo mandatario del club por dichos pagos −durante su anterior mandato− han quedado revocados. Todos han quedados absueltos excepto el siguiente presidente a Joan Laporta. Sandro Rosell, que fue presidente entre 2010 y 2014, también presentó un recurso de apelación al tribunal, pero este ha quedado desestimado.

Joan Laporta sigue luchando contra el caso Negreira

Hace unos días también conocíamos que la Audiencia de Barcelona revocó la decisión del juez de imputar por delito de cohecho al club culé y a los directivos investigados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

“La resolución de la sección 21 de Barcelona, una vez examinados los dos aspectos nucleares, entiende que el ejercicio de las competencias que corresponden al CTA en el que se integraba como uno de sus vicepresidentes en el periodo comprendido entre 1993 a 2018 J.M.E.N. (Enríquez Negreira), no son funciones, en ningún caso, ejercidas por delegación (del Consejo Superior de Deportes), sino en ejercicio de las que le corresponden como propias de su actividad. Por todo ello el auto de la Audiencia de Barcelona concluye que, tampoco por participar en el ejercicio de funciones públicas, como sostiene el auto impugnado, podría atribuírsele la condición de funcionario público, lo que a su vez haría decaer la calificación provisoria que contiene el auto como delito de cohecho”, explicó el auto de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona al que tuvo acceso la agencia EFE.