El Barcelona, sin preocupación por la resolución de los casos de Dani Olmo y Pau Víctor

En el Barcelona no preocupa la resolución de los casos de las inscripciones de Dani Olmo. Pese a la información de que LALIGA habría denunciado ante el CSD "vínculos sospechosos" entre una de las empresas que adquirieron los derechos de los palcos VIP del Camp Nou, como ha señalado El Confidencial. 

A pesar de que la entidad azulgrana no ha revelado quiénes son las dos empresas que se han hecho con estos asientos privilegiados, LALIGA sí lo ha hecho, señalando que una de ellas, New Era Visionary Group, mantiene vínculos sospechosos con el club.

En el Barça no hay preocupación

En el Barça no hay preocupación con respecto al tema. Según informa David Ibáñez en el canal de Twitch de ElDesmarque, desde el club saben que es una presión por parte de LALIGA. "Entienden que deben ejercer una presión por el resto de clubes, pero no habrá problema", comentó.

En esta línea, comentó que hay varios equipos de LALIGA que están en contra de la decisión. "El Athletic es uno de ellos, por todo lo que pasó con Nico Williams". Según Ibáñez, es una estrategia de presión de los clubes a LALIGA para manifestar su enfado por tal decisión.

LALIGA señala irregularidades en la compra de los palcos VIP

El FC Barcelona logró vender los derechos de explotación de 475 asientos VIP del Camp Nou a 30 años por 100 millones de euros. Sin embargo, LALIGA señala que esta transacción está vinculada con el entorno del club. Según la denuncia publicada en exclusiva por El Confidencial, esto supondría la adulteración de la competición en detrimento del resto de los clubes.

Fuentes cercanas al caso revelan que una parte del dinero proviene de Forta Advisors, de Qatar, mientras que los 28 millones restantes proceden de New Era Visionary Group FZ-LLC, una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Esta compañía, dedicada en teoría a la consultoría en telecomunicaciones, creó una filial en España con un capital de apenas 3.000 euros, administrada por el moldavo Ruslan Bîrlădeanu y el español Francisco Maza Sánchez. Su sede se encuentra en una residencia particular en Barcelona, lo que ha despertado aún más sospechas sobre la legitimidad de la transacción.