Luciano Alonso presenta en el Parlamento la Ley del Deporte de Andalucía

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha presentado en el Parlamento el proyecto de la nueva Ley del Deporte de Andalucía. Con el debate de totalidad del proyecto ley esta norma inicia su tramitación parlamentaria, una vez aprobada el pasado mes de julio por el Consejo de Gobierno.

Luciano Alonso ha valorado el trabajo de más de un millar de andaluces y andaluzas que han colaborado estrechamente para que Andalucía tenga la normativa deportiva "más avanzada e innovadora del país, donde el deporte se reconoce como un derecho de la ciudadanía".
El proyecto de la Ley del Deporte de Andalucía tiene como principales novedades, la incorporación de medidas para la protección y difusión del deporte de ocio y de competición no federado, además de incluir la lucha contra el dopaje y regular por primera vez con rango legal el ejercicio profesional en el sector.
La comunidad autónoma adaptará así su ordenamiento jurídico a la nueva realidad que supone el auge de la práctica deportiva habitual en la comunidad, que alcanza ya a más de tres millones de andaluces (el 42,36% de la población). Andalucía es también la comunidad con mayor número de licencias de deportistas (564.000) y de clubes federados (11.023).
A partir de la consideración del deporte como un derecho que debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, el proyecto de ley introduce una nueva clasificación que otorga protección jurídica no sólo a la competición federada sino también a las actividades deportivas de ocio y a las competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares. Para estas últimas se establece un control previo dirigido a asegurar la protección de los participantes y su celebración deberá ser comunicada con antelación a la Junta o a la entidad local competente.
La ley andaluza definirá también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas. Entre los primeros se destacará el relativo a la información y a la orientación, mientras que los deberes se centrarán en respetar los principios de igualdad y en fomentar los valores sociales. Otra novedad, también asociada a la figura del deportista, es la creación de una tarjeta sanitaria específica, dirigida a deportistas federados,  que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje.
En este último aspecto, la nueva norma cubrirá una notable laguna de la legislación vigente y así dispone medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud del deportista. Entre otras previsiones, se creará la Comisión Andaluza Antidopaje; se publicará un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos, y se fijará la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia. Otro organismo similar se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo, la xenofobia.
La protección de las personas que practican deporte es también el objetivo de otra de las grandes novedades del proyecto, que recoge la regulación de la cualificación profesional en el sector. Esta medida, que en el ámbito nacional actualmente sólo está implantada en Cataluña, se dirige a salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y todo tipo de servicios deportivos.
En este sentido, y siempre que los correspondientes servicios que prestan sean remunerados, el nuevo marco legal fijará los títulos oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor de educación física, director deportivo, entrenador y monitor.
Igualmente novedosa es la incorporación de disposiciones para promover la I+D+i más allá del ámbito académico. Uno de los objetivos será aprovechar al máximo las investigaciones que desarrolla el Instituto Andaluz del Deporte, especialmente en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión, para intensificar la transferencia de sus resultados a un sector que en los últimos años se ha revelado como un importante yacimiento de empleo (casi 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos) y de creación de riqueza en la comunidad (más del 3,2% del PIB regional).