Ecologistas pide auditoría del convenio del Ayuntamiento con el Real Madrid

Ecologistas en Acción ha pedido al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que incluya el convenio firmado con el Real Madrid en 2011 entre las actividades a investigar en el proceso de auditoría de la deuda municipal, y que sea además revisado por la Intervención General del Ayuntamiento.El convenio que el Ayuntamiento y el club firmaron en julio de 2011, siendo alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, se basa en la valoración de una parcela en el barrio de Las Tablas que "podría estar sobredimensionada en favor de la entidad deportiva", perjudicando "gravemente el interés público".
El actual equipo de Gobierno "debería investigar los hechos", ya que Gallardón podría "haber puesto la administración municipal al servicio del Real Madrid", según Ecologistas, que ha conseguido paralizar la ampliación del estadio Santiago Bernabéu tras ganar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Mediante este convenio, el consistorio asumió una deuda de 22.785.092 euros a favor del Real Madrid, que procede de la valoración de la parcela en Las Tablas que el Ayuntamiento debía haber cedido al club en 1998, pero que nunca lo hizo.
En 1998 la parcela tenía un valor de 488.000 euros, pero cuando se valoró en 2011 el Ayuntamiento le asignó un precio de 22.693.054 euros, un incremento del 3.700%, señala Ecologistas en un comunicado.
La deuda total del ayuntamiento incluye el precio de la parcela en 2011, más 92.037 euros en pagos del IBI que había abonado el Real Madrid, y para satisfacer la deuda contraída, el ayuntamiento cedió al club varias parcelas públicas, entre ellas cuatro en Carabanchel.
Este convenio se firmó "tan sólo cuatro meses antes de iniciar la tramitación de la modificación puntual" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se permitía al club "anexar al estadio un centro comercial y un hotel de lujo, todo ello en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más caras de la ciudad".
Para Ecologistas, la vinculación entre el convenio y la modificación del plan "es obvia", ya que proporcionó al Real Madrid "suelo en forma de parcelas que necesitaba para plantear la modificación puntual. Cualquier incremento de edificabilidad exige, por ley, ceder suelo al ayuntamiento".
Dado que el Real Madrid no tenía suelo para ceder en la Castellana, cuando el Ayuntamiento le cede las parcelas en Carabanchel como pago de "una deuda posiblemente sobredimensionada, le permitió que las usara para ser devueltas al consistorio" en forma de cesiones obligatorias de zonas verdes y equipamiento.
"Sin este intercambio de parcelas habría sido inviable la modificación puntual", la cual Ecologistas recurrió ante el TSJM y actualmente está anulada por sentencia firme, por lo que "no podrán construirse ni el centro comercial ni el hotel" en la Castellana.
Pero "el convenio firmado en 2011 sigue vigente y, con él, la deuda adquirida por el Ayuntamiento de Madrid de 22.785.092 euros", la cual está siendo investigada por la Comisión Europea (CE) por si pudiera considerarse ayuda estatal encubierta.
Ecologistas añade que la CE encargó una segunda tasación independiente de la parcela de Las Tablas, según la cual el precio para uso deportivo, que es el que tiene, ascendería en 2011 a 4.268.684 euros, lo que supondría 18.424.370 euros menos que el precio establecido en el convenio, de 22.693.054 euros.
En caso de un posible uso para vivienda pública, como contemplaba la valoración municipal, el valor sería 12.245.144 euros, lo que supondría 10.447.910 euros menos que el precio del convenio, añade la organización.
A Ecologistas en Acción "no le sorprende el posible sobreprecio, aunque no por ello deja de considerarlo muy grave".
La sentencia del TSJM, que anuló la construcción del complejo comercial-hostelero junto al Bernabéu, señala que "la operación está diseñada solo para satisfacer las necesidades de la entidad privada", y que además hubo "desviación de poder (uso de las competencias de una administración para fines diferentes a los que justifican)".
De comprobarse un trato de favor, "tendrían que derivarse consecuencias políticas y legales", señala la portavoz de Ecologistas, María Ángeles Nieto.