El CSD da distintos argumentos para suspender la competición
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"Agravios pretendidos", "falsos problemas" o "falta de respeto" son algunos términos con los que el Consejo Superior de Deportes (CSD) rebatió los argumentos para suspender la competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que pide la justificación de unos 8 millones de euros de subvenciones.
Después de que la RFEF mencionara los requerimientos de reintegro entre los puntos que la han llevado a suspender la competición de forma indefinida desde el próximo día 16, el CSD mantiene que esta cantidad "7 u 8 millones de euros no está debidamente justificada para la construcción de los campos de fútbol".
"Es dinero público. Son procedimientos administrativos a los que estamos todos sometidos. Hay unas subvenciones que no se han considerado suficientemente justificadas", argumenta el organismo que preside Miguel Cardenal.
También considera éste que obró en consecuencia al retirarle el 4,55%A del dinero procedente de las Quinielas, pese a que la RFEF afirma que lo hizo "sin motivo alguno".
El CSD asegura, y así lo explicó Cardenal en el Congreso en octubre de 2014, que en ese año fue imposible hacer entrega del dinero que le correspondía ante la falta de respuesta de la propia RFEF, a cuyo presidente, Ángel María Villar, se dirigió por carta en mayo y en julio sin recibir respuesta.
Tampoco recibieron respuesta los escritos posteriores de la directora general, Ana Muñoz, cuando ésta notificó una reunión a la que la Federación no asistió.
"Va a decir que se le ha ninguneado, pero ha hecho todo lo posible por marginarse. Si se le escribe y no contesta es muy difícil que sea informado", considera el presidente del CSD que en la Cámara Baja anunció la posibilidad de modificar la normativa que regula desde 2013 el reparto de la cantidad de la Quiniela.
En relación a la Ley de Emprendedores, que para la RFEF imposibilita la presencia de "los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde" el CSD lo vincula a las inspecciones de trabajo y asegura que "las normas que regulan la relación laboral y la adscripción a la Seguridad Social de las personas que trabajan en el ámbito del deporte son las mismas desde hace cuatro décadas".
"Son pretendidos agravios, falsos problemas que se intentan juntar para dar la sensación de un ataque del Gobierno al fútbol aficionado", estima el CSD, que también rechaza que exista injerencia del Gobierno como asegura la RFEF, y que "ha motivado una seria advertencia" de la FIFA.
En este punto, Miguel Cardenal afirma haber aprobado las modificaciones de estatutos de la RFEF siempre que ésta las ha pedido y que solo se ha parado alguna cuando había dudas sobre su legalidad.
Como ejemplo menciona que autorizó las últimas reformas en materia de violencia por ser acordes a la legalidad, a pesar de que la RFEF no siguió lo dictado por la comisión creada tras los incidentes previos al partido Atlético-Deportivo en los que falleció un aficionado, el 30 de noviembre de 2014.
Otras afirmaciones que rechaza totalmente el CSD son las de desprecio y 'ninguneo' a la RFEF, que critica no haber dispuesto del borrador del Real Decreto Ley de los derechos de televisión y que se le hayan expropiado derechos.
"En julio, les invité a que vinieran a hablar de este tema. No recibí respuesta. En noviembre coincidí con él y le estuve contando. Me reuní con él en la Federación, ha sido invitado a estar con el ministro, en dos ocasiones no ha acudido a citas. Quien no es respetuoso es quien tiene esa actitud. No pidió que se le diera el borrador. Cada uno ha tenido toda la información que hemos considerado que debía tener", refirió Cardenal.
El presidente del CSD también discrepa de la expropiación de derechos a la que alude la RFEF, ya que "en España los equipos han vendido los derechos y nunca han pedido permiso a la Federación porque los derechos son suyos y los primeros contratos que hubo de venta centralizada tras la ley del 90 eran firmado por la Liga y los clubes, nunca por la Federación".
"La medida de la que más orgulloso voy a estar es la Seguridad Social para los 4.000 deportistas de alto nivel (se les asigna un 1,5%). Es dinero de los equipos que lo han aceptado por ser una medida social corporativa y el fútbol profesional es consciente de esa solidaridad", asegura Cardenal en respuesta a la crítica de la RFEF de que "el Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas, a través del CSD, para otras actividades ajenas al fútbol".