Nicaragua quiere regularizar migración de boxeadores a España tras escándalo
La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) informó hoy de que espera solucionar la migración de púgiles nicaragüenses contratados para pelear en España y en otros países de Europa, para evitar su explotación, dijo hoy su presidente, Juan Alberto Molinares.De acuerdo con el dirigente, la Conibop lleva años intentando solucionar la situación migratoria de los boxeadores profesionales nicaragüenses a España, sin éxito aún.
Ante esa dificultad, según dijo, algunos pugilistas nicaragüenses viajan a ese país, aunque de forma irregular, por la misma necesidad económica.
Destacó que la operación que permitió liberar a 19 de esos boxeadores, que supuestamente eran captados mediante cartas de invitación para participar en un torneo en España, "denota nuestra insistencia sobre situaciones irregulares de hermanos boxeadores nicaragüenses, que lamentablemente se iban sin ninguna autorización".
La Policía Nacional de España detuvo a siete presuntos miembros de un grupo acusado de explotar a boxeadores nicaragüenses "sin papeles", en una investigación que una juez de Terrassa (Barcelona) archivó finalmente a instancias de la Fiscalía por falta de indicios delictivos.
El grupo impedía a los boxeadores regresar a su país de origen, sometiéndoles supuestamente a coacciones por carecer de permisos para residir en España, amenazándoles con represalias a sus familiares de Nicaragua y agrediéndoles en caso de que intentaran rebelarse, según la Policía.
La Policía Nacional española inició en febrero del año pasado la investigación, que ha permitido detener a siete de sus presuntos integrantes, acusados de los delitos de falsedad documental, estafa, amenazas, lesiones y contra los derechos de los inmigrantes.
No obstante, cuando los detenidos pasaron a disposición judicial, a mediados de abril pasado, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Terrassa (Barcelona) acordó dejar sin efecto los arrestos y archivar la causa, a instancias de la Fiscalía, ante la falta de indicios de la comisión de los delitos que se les atribuía, según han informado fuentes policiales y judiciales.
