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La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas: "La policía disparó deliberadamente a matar a Diego Bello"
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La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas: "La policía disparó deliberadamente a matar a Diego Bello"

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EFE
El surfista Diego Bello jugó en la cantera del Dépor y fue imagen de una campaña de abonados (Foto: RCD).
El surfista Diego Bello jugó en la cantera del Dépor y fue imagen de una campaña de abonados (Foto: RCD).

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó que "la policía disparó deliberadamente a matar" al empresario español Diego Bello. El coruñés y ex del Deportivo murió a tiros el pasado 7 de enero. El suceso ocurrió en la isla de Siargao, al sur del archipiélago filipino.

La investigación, llevada a cabo entre enero y julio, pone en duda el argumento esgrimido por el jefe del operativo, Vicente Panuelos, sobre la "legítima defensa". La policía asegura que Bello era un narcotraficante de alto valor. Además, afirma que disparó primero a los agentes cuando se dio cuenta de que les había vendido droga en una operación encubierta.

Bello, natural de A Coruña, tenía 32 años cuando fue asesinado. El empresario se instaló en noviembre de 2017 en Siargao, un paraíso de surferos en el sureste de Filipinas. Allí abrió varios negocios enfocados al turismo: el hostal White House, la tienda de artículos de surf Mamon y el bar-restaurante La Santa.

Manifestación para que se haga justicia con el asesinato de Diego Bello en A Coruña (Foto: EFE).
Manifestación para que se haga justicia con el asesinato de Diego Bello en A Coruña (Foto: EFE).

Falsos testimonios en el asesinato de Diego Bello

El informe pone en duda la validez del argumento de la legítima defensa por dos razones fundamentales: el número de disparos efectuados por la Policía y por la trayectoria de las balas. Así lo explica una nota de prensa remitida a EFE por la plataforma #xustizaparadiego, impulsada en España por familiares y amigos del joven empresario.

"Existen imágenes de Bello saliendo del restaurante que regentaba minutos antes de su muerte que prueban que no portaba ninguna bolsa, tal como afirma la policía que llevaba en su poder en el momento de su muerte", indica el comunicado. Para el informe, al que ha tenido acceso EFE, la comisión entrevistó a los socios, pareja, empleados y vecinos de Diego Bello. Todos ellos -excepto Pañuelos- negaron relación alguna del joven con el tráfico de drogas o la posesión de armas.

De hecho, Bello nunca figuró en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico elaborada por el ayuntamiento de la localidad en la que vivía. Y eso a pesar de que la policía lo calificó como el narcotraficante más buscado de Siargao. Así lo indica el informe de la Comisión Filipina de Derechos Humanos "La ausencia de una causa judicial abierta contra Diego Bello por sus supuestas actividades ilegales impide conocer hasta qué punto la versión de la policía filipina puede ser creíble, por lo que la actuación policial podría considerarse como una ejecución extrajudicial", indica el informe.

https://www.facebook.com/xustizaparadiego/posts/185391236349019

30.000 muertos en Filipinas en la guerra contra la droga

Según la comisión y otras organizaciones de derechos humanos, la policía filipina a menudo falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales. Todo ello en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte. Naciones Unidas, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, han criticado el clima de impunidad de la campaña antidroga. En ella han muerto unas 30.000 personas. Sin embargo, la policía solo ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron al arresto.

La plataforma #xustizaparadiego anunció nuevas movilizaciones para denunciar el asesinato de Diego Bello. Además, solicitara al Gobierno de España una implicación mayor en este caso de violación de los derechos humanos de un ciudadano español. Además de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, están pendientes las de la Oficina Nacional de Investigación, la del Departamento de Justicia y la del Ministerio español de Asuntos de Exteriores.

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