Antiviolencia propone multar con 4.000 euros al seguidor del Oviedo por insultos racistas a Mbappé
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Antiviolencia propone una multa de 4.000 euros y una prohibición de un año sin entrar a recintos deportivos para el autor de los hechos
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La Comisión Estatal Antiviolencia ha puesto sobre la mesa una sanción ejemplar contra el aficionado del Real Oviedo que lanzó insultos racistas a Kylian Mbappé en el Carlos Tartiere. El organismo plantea una multa de 4.000 euros y además un año completo sin poder entrar a ningún recinto deportivo. Una decisión que llega después de que la Policía identificara y detuviera al seguidor implicado en los lamentables hechos.
Los insultos racistas hacia Kylian Mbappé y la reacción del Real Oviedo
Todo ocurrió en el minuto 37 del encuentro ante el Real Madrid, cuando Mbappé celebraba su primer gol. En ese momento, un hincha de la grada de animación local fue grabado imitando gestos y sonidos de un mono, un comportamiento que rápidamente se viralizó en redes y que encendió todas las alarmas. La Policía, tras analizar las imágenes, pudo identificarlo como miembro de un grupo ultra del conjunto carbayón.
El Real Oviedo no tardó en mover ficha. El club emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y pidió disculpas tanto al Real Madrid como al propio Mbappé. En el escrito, la entidad dejó claro que se trata de un hecho aislado y que no representa a su afición, a la que calificó de ejemplar. Además, los responsables del club aseguraron que aplicarán el reglamento interno con la máxima contundencia.
La sanción que pide Antiviolencia
Antiviolencia ha dado un paso más y propone sancionar al aficionado con 4.000 euros de multa y la prohibición de acudir a estadios durante 12 meses, tal y como ha revelado EFE. Una medida que se enmarca en la lucha contra el racismo en el fútbol español, donde los casos recientes contra compañeros de profesión del francés, como Vinicius, han reforzado la idea de aplicar tolerancia cero ante cualquier gesto discriminatorio.
Ahora, la propuesta deberá ser ratificada. El caso sigue en manos de la justicia, que investiga si, además de la sanción administrativa, puede existir delito de odio.
