El juicio por la 'Operación Estrobo' arranca la próxima semana

El presidente, el entrenador, el médico y la enfermera del club de remo Urdaibai en 2010 se sentarán en el banquillo del 2 al 6 de noviembre en un juzgado de Bilbao junto a otras seis personas, acusados de organizar una red de dopaje para mejorar el rendimiento deportivo de los remeros de la trainera de Bermeo. Los diez acusados se enfrentan a una petición de pena de la Fiscalía de dos años y seis meses de prisión por la comisión de un delito continuado contra la salud pública, y se pide un año más para el que fuera médico del club en ese momento, por falsificación de documento.

Además, el Ministerio Público solicitará al juez la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de los dos médicos y las dos farmacéuticas acusadas en este proceso por la administración de sustancias prohibidas a los deportistas de ese club. Fuentes judiciales han explicado que está previsto que la vista oral se desarrolle en el Palacio de Justicia de Bilbao durante cinco jornadas, en sesiones de mañana y tarde.
La Fiscalía inició una investigación de oficio sobre el supuesto dopaje en Urdaibai tras unas acusaciones del preparador de la sociedad de remo Kaiku de Sestao, José Luis Korta, al término de la celebración hace cinco años de la Bandera de la Concha de San Sebastián, que ganó la embarcación de Bermeo.
En concreto, indagó sobre la actuación de los directivos del club durante la temporada 2009-2010 y concluyó que el presidente de Urdaibai, Josu Zabalondo, el entrenador de la Bou Bizkaia, José Manuel Francisco, el médico oficial del club, Borja Garay, y la ATS Arantza Ormaza actuaron conjuntamente para adquirir y suministrar a los remeros sustancias prohibidas "destinadas a aumentar sus capacidades físicas, poniendo en grave riesgo la salud de los mismos".
El escrito de la Fiscalía menciona que se les administró eritropoyetina (EPO), dexametasona, nandrolona, hormona luteinizante, tetracosactina, entre otras sustancias estimulantes y hormonas, algunas de las cuales pueden ocasionar graves trastornos de salud e incluso pueden llegar a provocar la muerte.
Además, "algunas de esas sustancias eran suministradas por perfusión intravenosa, método no autorizado en el ámbito deportivo por las autoridades sanitarias deportivas".
El objetivo de los acusados era, según el fiscal, "ganar el mayor número de regatas y competiciones en las que participaron, principalmente, de la ACT y la denominada Bandera de la Concha".
Para asegurar el éxito deportivo del club, los que fueran presidente y entrenador del club contactaron aquella temporada con el médico especialista en medicina deportiva y profesor de la Universidad de Extremadura, Marcos Maynar, -también acusado- para que supervisara la administración de los productos dopantes y para que les facilitara su obtención.
La investigación rastreó las compras del club en algunas farmacias de Bizkaia y a otras realizadas a través de internet, y descubrió una red que adquiría las sustancias en una farmacia de Córdoba, gracias a la participación del resto de acusados: un ciclista y agente del Cuerpo Nacional de Policía, dos farmacéuticas, además de las esposas del que fuera presidente del club y del policía.
El fiscal descubrió que el médico del club emitió recetas a nombre de pacientes que no necesitaron ni recibieron los medicamentos prescritos, los cuales tenían como destinatario final el club de remo.
Los médicos y las farmacéuticas también facilitaron las jeringas, agujas, gomas y otros materiales necesarios para administrar por vía intravenosa las sustancias dopantes a los deportistas.
El escrito constata que cuando "tales sustancias fueron adquiridas, ninguno de los remeros" de Urdaibai contaba con autorización de uso terapéutico de esas medicaciones.
Además, destaca que, por su profesión, los médicos eran conscientes de que estaban administrando a los deportistas sustancias no autorizadas y que las farmacéuticas sabían también que las habían despachado sin receta o que éstas no fueron cumplimentadas adecuadamente.
Por todo ello, el Fiscalía ha pedido al juez la condena de los diez acusados, entre los que no hay ningún remero.
Cuando se inició el proceso judicial, la junta directiva de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) se personó como acusación particular al entenderse "como parte perjudicada por eventuales conductas ilícitas en el ámbito penal que hubiesen podido ser cometidas por parte de personas adscritas a la asociación".
El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió dejar en suspenso la sanción de pérdida de todos los puntos de la temporada 2010 a Urdaibai y la consiguiente pérdida del título de campeón de la Liga de traineras de ese año, hasta que se resolviera el proceso penal que se juzgará la próxima semana.