Oro oculto en Suiza, clave en la caída de Nuzman y la red de Río 2016

El intento de regularizar 16 kilos de oro ocultos en Suiza precipitó la caída del presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, detenido hoy en Río de Janeiro por su implicación en una trama de compra de votos para la elección de la ciudad como sede de los Juegos de 2016.Mar Marín
Nuzman y su mano derecha en el COB, Leonardo Gryner, exdirector de operaciones del Comité Río 2016, fueron detenidos y conducidos a prisión como "garantía de orden público", para bloquear su patrimonio y evitar que "continúen actuando, bien de forma criminal o interfiriendo en las pruebas", de acuerdo con la fiscalía.
Ambos están acusados de corrupción, lavado de dinero y organización ilícita.
Nuzman, de 75 años, preside el COB desde 1995 y fue también presidente del Comité Organizador de Río 2016, convirtiéndose así en el primer dirigente en la historia de los Juegos Olímpicos en encabezar al mismo tiempo el comité nacional y el comité organizador.
Según la Fiscalía brasileña, Nuzman trató de modificar su declaración de la renta y blanquear el oro que ocultaba en un cofre en una entidad bancaria de Suiza tras el inicio de la operación "Unfair Play" (Juego sucio) que le llevó por primera vez a comparecer ante la policía en septiembre.
La operación investiga la supuesta compra del voto del senegalés Lamine Diack, entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo, por 2 millones de dólares.
Según los investigadores, "se trata de un esquema altamente sofisticado, que actuaba internacionalmente con desenvoltura en una ingeniosa e compleja relación corrupta".
La Fiscalía brasileña ha pedido cooperación jurídica a las autoridades de Antigua y Barbuda, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido.
Entre las pruebas recogidas por los investigadores, hay cinco correos electrónicos en los que el hijo de Lamine Diack, Papa Diack, reclama a Nuzman el pago del dinero pactado para lograr el voto de su padre e influir en otros miembros del COI.
Según la Fiscalía brasileña, los correos interceptados demuestran que "los pagos no se limitaron a 2 millones de dólares, habiendo habido pagos posteriores".
En el esquema de compra de votos olímpicos también está involucrado el exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral, preso desde noviembre del año pasado acusado de liderar una trama de desvíos de las grandes obras realizadas con motivo del Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Acorralado por la Justicia, Nuzman trató de blanquear parte de su patrimonio y la maniobra aceleró su caída porque "no apuntó el origen de su patrimonio, lo que indica que es ilícito", de acuerdo con el informe de la fiscalía.
Nuzman, según la investigación, trató de blanquear 1,8 millones de reales (más de medio millón de dólares), una cifra mínima considerando que el presidente del COB incrementó su patrimonio en un 457 % en la última década.
Los fiscales denunciaron que, pese a los indicios claros de corrupción, Nuzman y Gryner mantuvieron sus funciones en el Comité Olímpico Brasileño, que incluían desde la firma de contratos al uso de dinero público y el acceso a informaciones clave en las investigaciones.
"Mientras los deportistas olímpicos luchaban por conseguir su tan soñada medalla de oro, los dirigentes guardaban en oro en Suiza", lamentó la fiscal Fabiana Schneider.
"Los Juegos Olímpicos fueron una de las mejores estrategias de captación política y financiera para que la organización criminal pudiera actuar", denunció.
"Existía un esquema de gana-gana", resumió el fiscal Rodrigo Timoteo.
El abogado de Nuzman, Nélio Machado, considera que la detención e ingreso en prisión de su cliente "es una medida dura y no usual dentro del debido proceso legal".
Mientras, el Comité Olímpico Internacional ha pedido a las autoridades de Brasil información sobre la detención de Nuzman y ha anunciado que puede considerar la adopción de medidas provisionales, aunque respeta la presunción de inocencia de quien es uno de sus miembros honorarios.
La detención de Nuzman demuestra, según la fiscal Schneider, que "Brasil no es más un paraíso para los corruptos. Las investigaciones avanzan y están alcanzando a personas que pensaron que nunca responderían por su actos".